Con el pedido de la Fiscalía para que se imponga la pena de prisión de entre ocho a doce años al policía Francisco G., ayer se reinstaló la audiencia de juzgamiento que se inició en su contra por la muerte del estudiante Juan Pablo Bolaños, durante la sublevación policial del 30 de septiembre del 2010.

La solicitud fue formulada por la fiscal Paola Gallardo, durante su intervención ante el Tribunal Primero de Garantías Penales, que ayer abrió el debate final del caso, en el que las partes emiten sus alegatos a favor o en contra del procesado.

Según la Fiscalía, se demostró que el policía estuvo activo el día de los hechos, pese a lo cual ninguno de los testigos de su defensa ubicó el sitio donde estuvo el acusado el momento de la muerte de Bolaños.

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Agregó que de su arma salieron los dos disparos que terminaron con la vida del estudiante, según los informes de los peritos de Balística.

José Moreno, abogado del uniformado, negó esta acusación, ya que ninguno de los testigos de la Fiscalía dio certezas sobre la culpabilidad de su cliente porque no pudieron identificarlo como la persona que apuntó a Bolaños.

A su criterio, nunca existió ángulo de tiro para que su cliente disparara, ya que participó en la operación de ‘rescate’ al presidente Rafael Correa como parte del Grupo de Operaciones Especiales (GOE).

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“Necesitaban un culpable”, dijo Moreno, al indicar que el arma de su cliente no podía disparar en ráfaga tres tiros, tal como lo afirmó la Fiscalía.