Dos mujeres tramitan su matrimonio

Intentan casarse. En el Registro Civil del centro de Quito dos mujeres se presentaron para formalizar su relación con el matrimonio civil. Las autoridades de la Sala de Matrimonio tomaron sus documentos para verificar la pertinencia o no del procedimiento; el trámite dura cuatro días y les pidieron que volvieran este viernes, a las 10:00.

Gabriela Correa y Pamela Troya son dos jóvenes ecuatorianas que desde hace dos años viven juntas. Ayer querían legalizar su matrimonio, porque según afirma la activista GLBTI, Troya, con esto obtendrían el reconocimiento legal que requieren para ejercer su total ciudadanía. A pesar de que no pudieron casarse, ella le colocó un anillo en el dedo anular a Gabriela como símbolo de unión y de amor. Y se dieron un beso en la boca ante la multitud de fotógrafos y camarógrafos que registraron la escena.

Ambas creen que la respuesta del Registro Civil será negativa para legalizar su unión, por eso, anticiparon que presentarán una acción de protección ante un juez, luego si es rechazada, a la Corte provincial y si no es factible en esa instancia, llegarán hasta la Corte Constitucional.

Estas mujeres reclaman que se les reconozca su derecho al matrimonio civil igualitario. Al Registro Civil llegaron acompañadas de sus testigos.

Su abogado, Ramiro García, explicó que la pareja tiene el mismo derecho al matrimonio que tienen los heterosexuales y no debe ser discriminatorio para aquellas personas que han decidido optar por las parejas del mismo sexo. Agregó que no es necesario una reforma a la Constitución porque esta garantiza la igualdad para todas las personas y se establece que nadie podrá ser discriminado por identidad de género. “No pueden existir segmentos de discriminación”, sostuvo.

Y agregó que en otros países ya se reconoce el matrimonio civil igualitario, como Argentina, y que en Ecuador el presidente Rafael Correa “debe meditar de qué lado de la vereda se sienta y de qué lado de la historia está”.

Troya no está de acuerdo con convocar a una consulta popular. “Es un tema de derechos no se trata de que una mayoría decida sobre una minoría, sino es de respeto a la identidad de la otra persona y de generar mejores y sanas formas de convivencia. Mientras haya irrespeto a la comunidad GLBTI, los derechos siguen vulnerados”.

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