El Gobierno reconoció ayer que sí usa equipos de interceptación, pero exclusivamente para contrarrestar delitos derivados del negocio del narcotráfico y el crimen organizado.

En una rueda de prensa, el ministro del Interior, José Serrano, negó que en Ecuador existan escuchas telefónicas con fines políticos, “sino solo las que se han dado para investigaciones criminales... el uso de estas ha permitido resolver (por ejemplo) el 100% de casos de secuestros”.

Aseguró que el Gobierno y otras entidades del Estado han expresado públicamente la necesidad de aprovisionarse de equipos de inteligencia antidelincuencial para enfrentar secuestros, narcotráfico y al crimen organizado en general.

Por ello defendió la compra de implementos para la seguridad amparados en el artículo 20 de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada, por el artículo 155 del Código de Procedimiento Penal y otras normas. Además de recurrir “a países amigos para (conseguir) el apoyo logístico”.

Ese apoyo logístico lo viabilizó el reglamento emitido por el Consejo de la Policía Judicial para implementar el Sistema de Vigilancia Técnica Electrónica en abril del año pasado.

Este reglamento se emitió luego de que en enero de ese mismo año se firmara un acta de compromiso entre el fiscal Galo Chiriboga, el ministro del Interior, José Serrano, y Bruce Golberg, asistente del director Regional de la DEA (Agencia Antidrogas) de EE.UU.

En esta acta, la Fiscalía General y la Policía Judicial se comprometieron a administrar el Sistema con apego a la Constitución ecuatoriana y tratados y convenios para la lucha antidrogas.

Además, la DEA de Estados Unidos y el NAS (Sección Antinarcóticos que coordina los recursos para el Ecuador), dotarían el software y el hardware para instalar el Sistema.

Este reglamento consta de 20 artículos, 5 disposiciones generales y 2 transitorias. Una de esas generales aclara que el Sistema de Vigilancia “realizará la interceptación para la investigación de delitos considerados como graves por la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional (en donde consta el terrorismo), con énfasis en los delitos contra la administración pública (cohecho y concusión), garantías constitucionales (plagio), contra la propiedad (robo agravado, extorsión), salud pública (tenencia, posesión y tráfico ilícito de sustancias estupefacientes), contra las personas, delito a la vida y derechos sexuales (homicidios, asesinatos, trata y tráfico de personas), la estabilidad económica y financiera del Estado (lavado de activos) y contra la seguridad pública (asociación ilícita).

En estos casos, la interceptación puede ser siempre y cuando exista una autorización previa de un juez de garantías penales y un fiscal y acceder a: mensajes SMS, sistema de mensajería multimedia, dirección IP (número que identifica a cada dispositivo), telefonía convencional, telefonía móvil, telefonía satelital, los hash (algoritmo de encriptación de datos), medio óptico (dispositivo que almacena datos), identidad telefónica, celular o móvil (IMEI, IMSI), entre otros.

El ministro Serrano dijo que los documentos que circulan por internet sobre supuestas compras de equipos para “espiar, es un burdo montaje”.

Aunque el exasambleísta del MPD Luis Villacís denunció lo contrario.

Invitamos a la prensa nacional e internacional a que en 24 horas demuestre un solo caso de un ciudadano espiado por el Gobierno, de lo contrario quedarán como unos mentirosos”.
José Serrano, ministro del Interior

La lucha contra la delincuencia tiene que darse por seguridad ciudadana, bajo la autorización de fiscales y jueces que autorizan que se dé algún aspecto de vigilancia”.
Gustavo Jalkh, presidente del CJ

Solicito al fiscal Galo Chiriboga que de oficio inicie un peritaje a las instalaciones de la Secretaría de Inteligencia, con el fin de identificar los equipos y su uso para escuchas”.
Cléver Jiménez, asambleísta PK