Ejecutivo concreta comisiones para casos aún no resueltos a nivel judicial

Dos nuevas comisiones para dos casos que no han tenido respuesta de las instancias de la justicia quedaron oficialmente creadas por el presidente Rafael Correa: la que investigará la sublevación policial del 30 de septiembre del 2010 y la que indagará sobre la disputa que mantienen los pueblos indígenas huaorani y taromenane.Respecto del primer caso, sobre la insubordinación, Correa se queja de que la Función Judicial, pese a haber “transcurrido cerca de tres años, no ha logrado esclarecer la totalidad de los hechos”, pues no se ha identificado a los responsables, tanto intelectuales como materiales, “constituyéndose en una deuda histórica de la nación”, señala el decreto.Mediante el documento quedó formalizada la integración de la comisión con funcionarios que han venido ocupando cargos en el Ejecutivo, como Carlos Baca Mancheno, exasesor del desaparecido Ministerio de la Política, quien la presidirá; Óscar Bonilla, de la Secretaría de Gestión Política; y Diego Guzmán, subsecretario de Transparencia, de la Secretaría Nacional de la Administración Pública.Ellos realizarán esta labor por seis meses, que podrán ser prorrogables, no percibirán remuneración, pero accederán a viáticos para su movilización. No se informó en qué espacio cumplirán sus funciones, pero ayer estaba previsto que mantengan su primera reunión.La inconformidad del presidente con las investigaciones de la sublevación se replica en el documento de creación de la comisión que investigará ese hecho. En el decreto se argumenta la facultad del Gobierno de ayudar a esclarecer hechos a la Fiscalía sobre un suceso en el que “se produjo un intento de magnicidio dentro de un frustrado golpe de Estado maquinado para lucir como una protesta laboral protagonizada por miembros de la Policía que costó la vida de cinco valientes”.Los resultados deberán entregarse tanto al presidente como a la Fiscalía, con lo que concluirá la existencia del organismo. Los integrantes de la comisión tendrán acceso a “toda la documentación que esté en poder de la administración pública y central”, podrán solicitar declaraciones y acceder a documentos reservados o secretos.Mediante el Decreto 17 se crea la comisión que investigará “la matanza de indígenas taromenane, supuestamente por indígenas huaorani” que tampoco ha sido esclarecida tras haber pasado 73 días de las supuestas muertes de un número indeterminado de taromenanes en comunidades ubicadas en el parque Yasuní, en la provincia de Orellana.Esta instancia estará presidida por José Tonello, director del Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP), las ministras Johanna Pesántez, de Justicia, y Betty Tola, de la Secretaría de la Política, a la que estará adscrita esta comisión. Sin fecha de inicio Aunque en el decreto 17 con el que se crea la comisión que investigará el conflicto entre las etnias taromenane y huaorani no se precisa una fecha de inicio de las investigaciones, el presidente Rafael Correa encarga a esta instancia la investigación de los “hechos ocurridos a lo largo de los años”. La Comisión, según el decreto, deberá proponer las acciones que crea que el Estado debe aplicar para superar las diferencias existentes entre los pueblos huaorani y taromenane, y permitir el resguardo de su integridad física. Los comisionados estarán en funciones por seis meses prorrogables; cumplirán sus labores de forma gratuita, pero recibirán viáticos.

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