Crítica a sistema regional ahora apunta hacia la OEA

Las críticas de Ecuador ya no se dirigen únicamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, ahora se acentúan en contra de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El presidente Rafael Correa dejó entrever el viernes pasado, en su discurso de posesión para un nuevo mandato de Gobierno, ante varios presidentes de la región y representantes de delegaciones extranjeras, que Ecuador podría abandonar dichos organismos internacionales ya que, a su criterio, estos no respetan la soberanía del país.

“Cómo se puede sostener la irracionalidad de que la sede de la OEA esté en el país (EE.UU.) del bloqueo criminal a Cuba”, se preguntó. Y cuestionó “¿para qué tener la OEA si no podemos tener una postura definitiva regional sobre problemas tan cruciales como el de las islas Malvinas?”.

Su posesión no fue el primer escenario en el cual el Gobierno aprovecha la presencia de autoridades extranjeras para criticar al Sistema Interamericano de Derechos Humanos; tampoco será el último, pues en la próxima Asamblea General de la OEA, que se desarrollará en Guatemala, entre el 4 al 6 de junio, insistirá en reformas como la que citó Correa: cambiar la sede de la CIDH.

Este año, en tres eventos internacionales Ecuador ha intentado introducir ese y otros cambios.

El 11 de marzo, el Gobierno convocó a la I Conferencia de los Estados parte de la Convención Americana en Guayaquil para analizar reformas al sistema, como antesala de la Asamblea Extraordinaria de la OEA, que se desarrolló once días después en Washington y en la que no se trató la facultad de la CIDH de dictar medidas cautelares ni cambiar su sede, como pretendía Ecuador.

En la reunión de la OEA tampoco se estableció que los estados parte adoptarán de inmediato el pleno financiamiento del sistema, dando continuidad a la posibilidad de que organizaciones o países no signatarios de la Convención hagan contribuciones voluntarias, a lo que el régimen se opone.

La resolución de Washington fue acordada por todos los miembros de la OEA, incluido Ecuador, que se sumó al consenso luego de que se incluyera que el debate sobre las reformas continuaría.

Antes de la Conferencia de Guayaquil, el canciller Ricardo Patiño viajó a ocho países de la región por consensos. Al final, el Gobierno consideró un éxito los resultados de la cita, aunque analistas vieron lo contrario, pues no hubo acuerdo para el tema de medidas cautelares.

Patiño retomó su gira por otros países el 11 de mayo, una vez más. Era la antesala de la II Conferencia de Estados parte de la Convención, que se desarrolló tres días después en Cochabamba, Bolivia, donde hubo más desacuerdos de los países.

En esa cita varios cancilleres pidieron aclarar que la reunión tenía carácter de informal y, aunque se creía que existía consenso para definir el cambio de sede, esto no se produjo. Tampoco se logró definir plazos ni fechas como buscaba Patiño, para plasmar las reformas que Ecuador busca implementar.

Las críticas del Gobierno a la CIDH y a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión comenzaron en el último trimestre del 2011, cuando el régimen respondió con tres cadenas para criticar a quienes se presentaron el 25 de octubre de ese año ante la Comisión para exponer las agresiones a la libertad de expresión en Ecuador. Fundamedios, periodistas y representantes de medios privados fueron el blanco.

Desde entonces, el uso de las cadenas nacionales, enlaces sabatinos y reuniones internacionales han sido los instrumentos para criticar al sistema y exigir cambios que, pese a la insistencia del régimen, continúan en el debate, sin concretarse.

En el enlace 243, del 22 de octubre del 2011, Correa hace referencia por primera vez en ese espacio al tema de la sede de la CIDH, diciendo que el caso de Diario EL UNIVERSO se va a presentar en Estados Unidos, “país que no reconoce” a la Convención; en el enlace 245, ya hablaba de que el sistema está distorsionado, Patiño afirmaba que la Relatoría “tiene plata aparte” y; en el 249, el secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, cuestionaba el trabajo de la CIDH y de la relatora Catalina Botero.

Correa mandó a Botero a buscar en la página web de la Función Judicial el proceso contra los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, que la Relatoría había solicitado. “Señora no me moleste y no haga perder el tiempo”, le contestó en el enlace sabatino 258 del año pasado.

Entre el 2 y el 3 de diciembre del 2011, el régimen propuso ante la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) reemplazar el sistema “que claramente ha sido dominado por los Estados Unidos y ha sido un instrumento más de política exterior de los norteamericanos”.

La arremetida contra la CIDH se reavivó cuando esta otorgó medidas cautelares por el caso EL UNIVERSO, el 15 de febrero del año pasado. Correa sostuvo desde entonces que solo la Corte –no la Comisión– tiene la potestad de hacerlo.

Entre octubre del 2011 y abril de este año, el Gobierno ha dedicado 32 enlaces sabatinos para promocionar al interior del país sus planteamientos de reformas sobre la CIDH: que el financiamiento provenga solo de los estados parte de la Convención, que las medidas cautelares solo sean dictadas por la Corte Interamericana, que su sede se encuentre en un estado signatario del Pacto de San José y lograr la universalidad del Sistema, es decir, que todos los miembros de la OEA ratifiquen la Convención.

En sus intervenciones sabatinas, Correa ha señalado que le parece una “gran farsa” el Sistema, que según él, está tomado por una “visión anglosajona” y el “oenegesismo de derecha”, que está “distorsionado”, que es el “celador” de los intereses ajenos a sus principios y que en este se puede ver “falta de eficacia y de representatividad”.

Sobre la Comisión ha dicho que es un “tribunal de inquisición” de los gobiernos progresistas, “alcahueta de la prensa corrupta”, que ha cometido “horrores” y “excesos”, que es la “argolla del oenegesismo de derecha”, “voluntarismo ineficiente”, entre otras cosas.

El pasado viernes, Correa dijo que “Ecuador está interesado en que todos los estados de la región ratifiquen los tratados acerca del tema, pero si no lo hacen, tampoco seguiremos siendo tontos útiles de nadie”.

“Debemos sin temor y con rapidez buscar algo nuevo, mejor y verdaderamente nuestro”, expresó el mandatario, quien acotó: “Felizmente ya tenemos la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur)”.

Declaraciones
Guayaquil
En esa cita se planteó promover adhesiones de los países que no han suscrito la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH). Encomendar a la CIDH la promoción de los derechos humanos. Solicitar a los estados a asumir plenamente el financiamiento del sistema. Se propuso que todas las relatorías sean consideradas especiales. Se solicitó al secretario general de la OEA un informe que detalle los costos de la CIDH y de la CorteIDH. Pidió que la sede de la CIDH ya no sea Washington, sino uno de los países suscriptores. Se acordó dar continuidad a la conferencia de estados parte de la Convención Americana. Y que Ecuador coordine el próximo cónclave.

Cochabamba
En Bolivia se propuso conformar una comisión de cancilleres para que visiten los países que no han firmado la Convención Americana e instar a sus autoridades a que lo hagan. Esta debe organizar un foro con los estados parte y no parte de la Convención, con la sociedad civil, para tratar la universalidad del sistema. También se determina avanzar en la consideración de la conveniencia de que la sede de la CIDH esté en un estado parte del Pacto de San José. Se propuso una guía de promoción de derechos humanos sobre prácticas nacionales. Y solicitar al secretario general de la OEA el detalle de los costos de los órganos del sistema. Y se propuso realizar una tercera conferencia.