El juez chileno Mario Carroza cerró este viernes la investigación sobre las torturas que causaron la muerte en 1974 del general Alberto Bachelet, padre de la expresidenta Michelle Bachelet, por las que procesó a dos coroneles retirados, confirmaron fuentes judiciales.

Bachelet fue uno de los integrantes de la Fuerza Aérea (Fach) que no se unieron al golpe militar encabezado por Augusto Pinochet.

El general murió en la Cárcel Pública de Santiago el 12 de marzo de 1974, a los 51 años, de un infarto de miocardio, tras ser torturado en la Académica de Guerra Aérea (AGA).

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Esta indagatoria se abrió en 2011, en el marco de unas 726 querellas presentadas ese año y relacionadas con eventuales casos de violaciones de los derechos humanos que nunca habían sido objeto de una investigación judicial.

En junio de 2012, un informe forense del estatal Servicio Médico Legal (SML) ratificó que, tal como habían sostenido compañeros que estuvieron detenidos con él, Bachelet murió a causa de las torturas que sufrió en la AGA tras haber sido arrestado a comienzos de 1974.

Un mes después de conocerse ese informe, el juez procesó a los coroneles retirados de la Fach Ramón Cáceres Jorquera y Edgar Ceballos Jones, señalado por supervivientes como uno de los principales represores de la Academia, por el delito de torturas con resultado de muerte.

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En 2012, el magistrado rechazó además procesar al general retirado Fernando Matthei, que era director de la AGA cuando fue utilizada como centro de torturas contra Bachelet y otros oficiales de la Fach y que es padre de la actual ministra del Trabajo, Evelyn Matthei.

No obstante, la viuda de Bachelet, Ángela Jeria, ha descartado que Matthei tuviera alguna responsabilidad en el crimen de su esposo. Las dos familias, de hecho, tenían una estrecha relación e incluso Michelle Bachelet llamaba "tío" a Matthei durante su infancia y adolescencia.

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Las dos partes querellantes en esta causa, encabezadas por una parte por Michelle Bachelet y su madre, y por otra por la Agrupación de Expresos Políticos, tienen cinco días para apelar esta decisión y evitar el cierre de la investigación.

El juez Carroza también ha estado a cargo de las investigaciones sobre la muerte del presidente Salvador Allende, ya cerrada con la confirmación de que se suicidó durante el golpe de Estado, y del poeta Pablo Neruda, que sigue en curso.