Un año después de que Ecuador se sometiera al Examen Periódico Universal (EPU) ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el Gobierno señala en su periódico digital que cumple con todas las recomendaciones que se hicieron. No obstante, la organización Fundamedios “mira con preocupación que dichos avances en la práctica no se evidencian”.

El 21 de mayo del 2012, el Estado ecuatoriano recibió 134 observaciones, de las cuales 24 tenían relación con el derecho a la libertad de expresión.

Ayer, al cabo de un año de esa evaluación, Fundamedios reveló que solicitó información al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos sobre el avance de la aplicación de las recomendaciones recibidas en la ONU.

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“De la documentación recibida se desprende la inexistencia de acciones por parte del Estado que permitan mejorar la situación de las libertades de expresión y de prensa, aunque se reconocen avances en otros campos, como en la protección de los derechos de las personas con capacidades diferentes”, señala la organización.

Fundamedios afirma que, por el contrario, los problemas se han agravado porque se registran “un aumento sustancial de las agresiones contra periodistas, juicios a ciudadanos por haber ejercido su derecho a la protesta, incremento de discurso hostil contra la prensa”.

El Gobierno, por su parte, indica que “a pesar de que existe un plazo de cuatro años (del 2012 al 2016) para aplicar esas observaciones, estas se cumplen desde este momento”.

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Y cita como ejemplo que al Estado se le recomendó establecer un sistema de información sobre los derechos humanos, lo que está por ser incorporado; compartir con otros países sus programas en el campo de la integración de las personas con discapacidad; proteger los derechos de los adultos mayores; eliminar el trabajo infantil.

El Gobierno refuta que el examen “no habla de abusos ni de merma en el derecho a la libre expresión, opinión y prensa”, sino del acceso plural y diverso a los medios de comunicación, lo que se cumple, afirma, con la entrega de frecuencias de radio a más de catorce comunidades indígenas del país.

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Respecto de la observación por el uso de la figura de terrorismo para sancionar la protesta social, el Gobierno indica que “no puede asimilarse las acusaciones por terrorismo bajo la legislación ecuatoriana frente a la noción internacional” y explica que los términos que maneja el Código Penal ecuatoriano no guardan relación con la concepción internacional del terrorismo.

Texto que irá a la OEA

El Gobierno publicó en su medio oficial de noticias el documento de rechazo al informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que llevará en junio próximo a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Señalamientos

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En el texto de 34 páginas se analizan los párrafos que el régimen considera que corresponden a hechos incorrectos y se apuntan las “inconsistencias”, como en el caso de los ‘10 de Luluncoto’ y el crédito a Gastón Duzac.