La vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Marcela Aguiñaga, confirmó esta mañana que las reformas mineras irán directamente a la Comisión de Régimen Económico para su análisis y elaboración del informe para primer debate.

Según la funcionaria legislativa, esta Comisión, presidida por el oficialista Oswaldo Larriva, se reunirá esta tarde para iniciar la elaboración del cronograma de trabajo. Se espera que a más tardar la próxima semana esté listo el informe para ponerlo a la aprobación en el pleno.

La semana pasada, el bloque de Pachakutik demandó una consulta previa prelegislativa, tal y como lo dispone la Corte Constitucional, aseguraron los asambleístas Lourdes Tibán y Cléver Jiménez.

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Según Tibán, esta Corte dispuso que en un futuro, cuando se realice una reforma a la Ley minera (aprobada en el 2009), se deberá realizar la consulta "para no violar los derechos de los pueblos y nacionalidades".

La sentencia de la Corte, emitida el 18 de marzo del 2010, detalla que "toda actividad minera que se pretenda realizar en los territorios de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias, en todas sus fases, a partir de la publicación de la presente sentencia, deberá someterse al proceso de consulta previa establecido en el artículo 57, numeral 7 de la Constitución, en concordancia con las reglas establecidas por esta Corte, hasta tanto la Asamblea Nacional expida la correspondiente ley".

Esta sentencia se emitió luego de declarar inconstitucional la mayor parte de la demanda presentada por Marlon René Santi Gualinga, presidente en ese entonces de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y Carlos Pérez Guartambel, presidente de la Unión de Sistemas Comunitarios de Agua de las Parroquias Tarqui, Victoria del Portete y otras comunidades de la provincia del Azuay.