Después de la muerte de Walter Benavídez, de 26 años, por consumir alcohol adulterado el domingo pasado, la Intendencia de Policía y Comisaría de Salud Pública retomarán los controles a los comercios de licor.

El otro ciudadano afectado por el consumo del alcohol se mantiene bajo vigilancia médica en el Hospital del Seguro Social. Por el momento está estable después de la intoxicación.

En un año cerca de 300 locales de venta de alcohol fueron clausurados por no presentar registro sanitario. Pese a los operativos de la Intendencia de Policía del Azuay, sigue el comercio de alcohol etílico en lugares camuflados como tiendas de frutas o parqueaderos.

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Los espacios de venta están identificados por los ciudadanos y autoridades, sin embargo, el negocio presume rentabilidad para que los propietarios evadan las clausuras. Jorge Cabrera, intendente de la Policía, señaló que en la ciudad hay varios puntos de encuentro para los libadores crónicos.

Estas cantinas disfrazadas están en la parte posterior del Arenal, sector de la 9 de Octubre, Fátima, Turi y otras localidades. Además los cantones donde son la fuente del licor son Santa Isabel, Girón, Gualaceo y Paute.

El trabajo que ejecutan es direccionar la producción de alcohol en estas moliendas para evitar el expendio de metanol, ya que las personas crónicas de ese vicio, optan por mezclar el licor con metanol ya que sale más barato.

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Cabrera aseguró que por lo menos el 15% de las 300 clausuras fueron relacionadas por la venta de alcohol metílico.

Marco Freire, director provincial del Salud del Azuay, dijo que inspeccionarán los lugares sospechosos donde se expendería licor adulterado y sin registro sanitario. "Aún no tenemos todos los resultados de las pruebas enviadas de los 8.000 litros decomisados", dijo.

"Seguiremos con los controles, pero también necesitamos la colaboración de las personas para que denuncien los lugares que frecuentan los dependientes del alcoho”, agregó el funcionario.