A seis meses de la sentencia en el caso de lavado de activos seguido a exdirectivos y trabajadores de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, la Fiscalía General del Estado recibió ayer el pedido de Xavier Burbano, vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), para continuar el trámite del caso, esta vez con la investigación a siete de los actuales directivos del organismo.

“Esta sería una nueva investigación en este que es un caso complicado, porque tiene que ver con lavado de activos, sobornos y otros presuntos delitos cometidos”, dijo Burbano, quien fundamenta su pedido en la notificación del 20 de febrero de 2017 emitida por el Tribunal de Garantías Penales, en el que se dispone a la Fiscalía que “se investigue a los directivos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol dentro del periodo 2010 al 2015, por el presunto delito de lavado de activos”, señaló.

Burbano explicó que la referida orden judicial emitida en febrero es de “cumplimiento inmediato, pero hasta ahora no se ha cumplido”.

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En este nuevo grupo de directivos a los que se pide investigar, Burbano agrupa a siete de los 10 actuales miembros del directorio de la Ecuafútbol, en los cargos de “presidente, vicepresidente, primero, segundo, tercero, quinto y séptimo vocales principales” del organismo.

Por lo que Carlos Villacís, actual presidente de la Ecuafútbol y quien durante el periodo mencionado fue vicepresidente, ya anunció ayer que hoy se referirá sobre este tema en rueda de prensa, convocada para las 11:00 en la FEF.

De forma anticipada, el abogado patrocinador de la FEF, Juan Carlos Sánchez, calificó el pedido de Burbano como “ilógico, improcedente y sobre todo inconstitucional. Parece que el vocal del CPCCS no conoce de materia penal, y desconoce que para pedir la reapertura de un caso primero debe estar cerrado”, y advirtió que el caso de las investigaciones de lavados de activos que vinculan a la FEF está en etapa de apelación.

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Aunque ya se tiene una sentencia, el mismo vocal del CPCCS reconoce que este no es un caso cerrado. “Se condenó a un alto directivo y dos trabajadores, pero el tribunal encontró méritos suficientes para que se siga investigando a directivos y no se ha hecho nada”. (D)

Orden judicial del Tribunal de Garantías Penales era de cumplimiento inmediato, debían seguir el caso y no se lo ha hecho.Xavier Burbano, vocal CPCCS