Ante la denuncia hecha por Xavier Burbano, del Consejo de Participación Ciudadana (CPC), de un supuesto delito de trata de personas, pedido que ayer fue aceptado por la Fiscalía, que investigará a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), el organismo rector del balompié nacional aseguró que el vocal busca ‘alarmar a la ciudadanía’ con hechos que no son nuevos. El vocal de CPC le dijo ayer a este Diario que lo alarmante es la ‘inacción’ de la FEF. Además, el Registro Civil aclarará que fue esa entidad la que pidió formar una veeduría y que aplicó procedimientos administrativos para resolver las controversias en materia de identidad de futbolistas ecuatorianos.

La FEF señala que esto (lo que denunció el Quinto Poder) no es nada nuevo.
Revisé el extenso comunicado de prensa y es lamentable. En términos generales, no dice nada importante. Afirman que ellos presentaron toda la comunicación que pedimos, salvo alguna porque no estaba en hoja membretada. Esas declaraciones dan vergüenza ajena. Que la FEF diga que no se presentó información porque a ellos internamente se les extravió el pedido es alegar a su favor su propia torpeza. Es absurdo. No hubo hoja membretada porque el pedido de información lo hizo una veeduría ciudadana a raíz de los casos de adulteración de identidades de tres jugadores, el año pasado.

La Ecuafútbol afirma que usted hace la denuncia basada en documentos que ellos le han entregado.
En principio no presentaron la información. Meses atrás, ante la omisión de la Ecuafútbol en dar datos, presentamos una acción constitucional de acceso a la información pública ante una jueza para que obligue a la FEF a entregar los expedientes de tres jugadores y un técnico que no proporcionaron. Se celebró una audiencia, activó el mecanismo constitucional de transparencia y entregaron la información en la misma audiencia. Pidieron disculpas, porque la sanción por no dar información es la destitución del máximo personero, es decir, Carlos Villacís. En su comunicado ellos no dicen que dieron la información movidos por una acción constitucional. Y esa amenaza no vino ni de la veeduría ni del Consejo, está en la Ley de Acceso a la Información Pública. La FEF es un organismo de derecho privado, pero recibe fondos públicos.

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¿Qué otros puntos debe aclarar a la FEF?
Dicen que la investigación se basó en documentación entregada por ellos. ¡Pero obviamente! Si esta es una investigación sobre trata de personas en el fútbol nacional, la investigación debe basarse en información que entregue la Ecuafútbol. Ni modo que se investigue con documentos de la Federación Ecuatoriana de Patinaje Artístico o con la de Tiro con Arco. Evidentemente, pues, la información debe venir de la FEF, que se movió a partir de la demanda que planteamos. Luego de eso, ante la amenaza de destitución (de Villacís), ahí sí dieron información con fluidez.

El comunicado de la FEF dice que usted busca crear alarma con la denuncia.
Es lo peor del comunicado. Ese planteamiento es perverso porque quieren posicionar que denunciar es malo, que el consejero denunciante es el que causa alarma, y no es verdad. La denuncia no causa alarma, lo que causa alarma son los hechos contenidos en ella y que no pueden negar. En el comunicado dicen cualquier cosa, menos que mentimos, porque saben que decimos la verdad. Aquí lo alarmante es que en diez años nadie lo haya denunciado. Esto (supuesta trata de personas) ha sido un secreto a voces. Lo novedoso es que haya una denuncia penal, nombrando a las cosas tal como se llaman. De ninguna manera aceptamos que traten de descalificarnos a los denunciantes. Ponen una cortina de humo para que no se hable de lo denunciado.

Según el presidente de la Comisión de Investigación de la FEF, la denuncia ya la presentó el Registro Civil el año pasado. ¿Es cierto?
Es mentira. O probablemente lo desconoce. Al decidir presentar estas denuncias, antes solicitamos al Registro Civil que nos informe si se habían hecho denuncias penales sobre estos casos. Nos remitió informes de alteración de documentos y suplantación de identidad a la Fiscalía.

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¿Es decir, no es denuncia lo que se presentó, ni es por el delito que usted quiere que se investigue?
Exacto. No es una denuncia, ni mucho menos habla del delito de trata de personas. Hay una abismal diferencia entre un informe a la Fiscalía por falsificación de documentos y una denuncia penal, formal, por trata de personas. Debo reconocer que el Registro Civil ha hecho un esfuerzo por combatir este tipo de ilícitos y sus altos directivos han colaborado con la investigación, lastimosamente funcionarios inescrupulosos, mandos medios tal vez, de San Lorenzo y Rioverde, son los que alteraron el sistema informático. En el informe no se solicita, como sí se hace en la denuncia, que se abra una investigación, ni se piden diligencias ni contiene las formalidades de la denuncia penal. Es mentira de la FEF que estos hechos ya fueron denunciados a la Fiscalía.

El Registro Civil mandó un informe y la FEF sancionó a jugadores en el ámbito deportivo. ¿Es suficiente?
Desde el punto de vista moral ha habido inacción de parte de la FEF, que en su remitido dice que cumplió con su deber de investigar, juzgar y sancionar a futbolistas. Tal vez tengan razón y han cumplido con un reglamento deportivo, pero moralmente, si se conocen detalles, deberían presentar una denuncia a la Fiscalía. Conocen que una madre, como Amira A., en una entrevista dentro de una Comisión que presidía Álex De la Torre, reveló que el técnico Juan A. le pidió dinero y ella se lo dio para trasladar al chico donde un abogado en otro cantón de Esmeraldas, y luego lo trasladan al Registro Civil de San Lorenzo para cambiarle de identidad. Después a Guayaquil para que juegue en el club ‘N’. Ahora, si no lo hicieron ¿por qué les molesta tanto que el Consejo de Participación lo haga? Lo que sí he sido tajante en decir es que la FEF conocía estos hechos y no los denunció.

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¿Por qué cree que la FEF no investiga a los dirigentes de los clubes que podrían tener alguna información?
Se lo digo en cuatro palabras: ley del mínimo esfuerzo. Es muy fácil enfocar estos casos solo como alteración de datos o suplantación de identidad, porque así inmediatamente el culpable es el jugador. Se hace un proceso administrativo y se sanciona al jugador. Pero eso es lo fácil. A esa posición yo la llamo la de impunidad. Así la FEF avisa que ha castigado al jugador y no pasa nada más. Cuando se decide ir más allá resulta que están involucrados técnicos, padres de familia, clubes, dirigentes, instituciones públicas, personas jurídicas de derecho privado. El entramado es complejo y de acuerdo a la ley del mínimo esfuerzo es mejor no meterse. Aquí las víctimas son los jugadores, y aunque hubiesen consentido, no son responsables porque el Código Integral Penal dice que quien es víctima de trata de personas, aunque lo consienta, no es responsable.

¿Usted conoce qué hizo la FEF con la información que los implicados dieron en las entrevistas con De la Torre?
Yo sí sé qué hicieron: nada. Me remito al comunicado firmado por ese señor (Víctor) Mestanza –no entiendo cómo le hacen firmar estas cosas, pero viene firmado por él (es relacionista público de la FEF)–. Él dice que la FEF ha cumplido con investigar, juzgar y sancionar, que hasta allí llega su papel. Y ese es el problema: creen que todo termina en la sanción al jugador. Para ellos eso es lo normal, no van más allá. (D)

300
casos analizados
El Registro Civil indicó en un comunicado que mediante un convenio con la FEF se han validado identidades de ese número de futbolistas desde categorías de sub-15 a sub-20.

Presentamos los tres casos porque la documentación da para plantear una denuncia, pero hay siete casos más que estamos revisando