Cárceles inseguras, están dominadas por mafias que extorsionan

Prácticas como el pago de dinero a cambio de vivir en mejores condiciones siguen presentes en al menos cuatro de las siete cárceles con más reos del país visitadas por este Diario.

Es jueves de la primera semana de marzo en el antes Penal García Moreno, en el centro de Quito. En dos hojas emplasticadas y pegadas con cinta adhesiva en la pared junto a la entrada a este complejo penitenciario, que con 1.670 es el segundo con más reos del país, se indican ciertas prohibiciones.

Los familiares que se alistan para visitar a los internos de los centros de rehabilitación social 1, 2 y 3 que son parte del complejo no pueden entrar con gorras, cuchillos, correas y celulares. En un segundo listado se indican los 14 medicamentos que no pasarán de la puerta.

Tres mujeres con acento extranjero miran a un policía que palpa los paquetes de las personas de la tercera edad. Una de ellas afirma que en Ecuador los controles para ingresar a la cárcel no son tan rigurosos. “Si uno quisiera podría meter cualquier cosa. Solo es cuestión de coquetear para despistar”, comenta.

Internos del complejo también hablan de la vulnerabilidad de la seguridad. Ellos dan cuenta del tráfico de armas en el interior. Los reos ofrecen a otros desde un celular que se cotiza a partir de $ 60 hasta una pistola cuyo valor alcanza los $ 1.000 o un cuchillo que vale $ 40.

En cada una de las puertas de ingreso, una guía exige la cédula y pregunta el nombre del reo por visitar. Las guías con guantes desechables revisan a las mujeres y tantean sus partes íntimas. De esa forma, cuentan internos, descubrieron en diciembre a dos mujeres que pretendieron ingresar dos balas.

Un escáner que debería funcionar para detectar objetos no permitidos en fundas o mochilas no es utilizado, mientras que un detector de metales no se activa ni al paso de monedas.

En el interior de las cárceles que integran el complejo penitenciario de Quito, los internos dicen que hay grupos que quieren controlar el lugar con la extorsión. Desde el 2010 al menos se han registrado 4 asesinatos y 5 fugas en el Penal García Moreno como es conocido. La última ocurrió en enero pasado, cuando tres cubanos procesados por asesinato escalaron los muros con una soga confeccionada con prendas de ropa.

El control para ingresar en los días de visitas a las cárceles de Machala y Quevedo (Los Ríos) es menos riguroso. Ambas albergan en su orden a 690 y 669 reos pese a que tienen una capacidad de hasta 200 cada una, por lo que son las que tienen mayor nivel de hacinamiento, según dice la ministra de Justicia, Johana Pesántez, en una entrevista publicada por El Telégrafo el 13 de febrero pasado. También están entre los centros de rehabilitación social con más internos.

En el interior de ambas se observan celulares y computadoras portátiles en manos de los internos, quienes mencionan que “los que mandan” ingresan armas de fuego y cortopunzantes como cuchillos; y drogas.

El control de los visitantes se hace sin uso de detectores de metales. Policías tantean a los familiares y hurgan en las mochilas y fundas. Pero los familiares tienen sus tácticas. Por ejemplo, a la de Quevedo ingresan objetos no permitidos escondidos en los zapatos.

En esa cárcel se contabilizan al menos un asesinato, tres heridos y dos reos que se han fugado desde el 2010. Allí está el cuarto conocido como La cuarentena, en el que permanecen los que no pueden pagar por vivir en mejores condiciones. Para estar en una celda privada o compartida hay que pagar desde $ 200, lo que dice que pagó un sentenciado por robo.

Pero el valor llega a superar los $ 3.000. “Todo es según la pinta. Los que están por droga pagan más. Mandan los que tienen las drogas y las armas en la cárcel. Los jefes van cambiando según el duro que cae. Estuve dos días en esa chanchera (La cuarentena). Se duerme en el piso. Las ratas se pasean sobre uno. Allí saboreas quién manda”, cuenta.

Ante la falta de guías en las 4 torres de control de la cárcel de Quevedo, el ingreso de objetos prohibidos se da, además, desde el exterior de donde se lanzan paquetes sobre el cerco que caen en el patio de la prisión.

El tráfico de objetos no permitidos también se da en Machala. “Dame $ 50 para ingresarte un celular, pero de esos viejos”, dice uno de los retenidos a una mujer que entraba a visitar a su hijo procesado por robo.

Los pagos para vivir en mejores condiciones también ocurren en la cárcel de Cuenca, que alberga a 723 reos de los que 321 no tienen sentencia. “Si quiero estudiar la universidad debo de conseguir como $ 200”, dice un interno.

Las fugas son otro de los problemas en Cuenca. La última fue en diciembre pasado. Dos reos colombianos acusados de robo escalaron la pared con una soga y huyeron. Sucedió en la madrugada. Otros reos fueron delatados intentando utilizar explosivos para huir, dicen unos detenidos. Al menos 4 se han fugado desde el 2010 de esta cárcel.

La señal de internet y de celular tampoco es problema en cárceles como la de El Rodeo en Portoviejo, que alberga a 650 reos de los que 276 están sin sentencia. Sus internos se comunican con sus amigos y familiares a través de redes sociales como Facebook y Twitter con el uso de los llamados celulares inteligentes.

Incluso han subido fotos con sus armas y con los electrodomésticos que poseen en el interior de sus celdas. Los internos se pasean en los pasillos con sus celulares delante de los guías.

Por esta vía también se planifican ‘encargos’ desde el interior de la cárcel, según familiares de los reclusos. Extorsiones son parte de estos ‘trabajitos’.

Uno habría sido el asesinato del presidente de la Junta Cívica de Manta, Lenín Chiriboga, ocurrido en julio pasado. Lo había planificado un conocido delincuente recluido en esta prisión, según informaron policías en una nota publicada en ese mes por un diario estatal.

Ingresar celulares, televisores, armas, y drogas es fácil, aseguran unos detenidos. Solo se necesita conocer al personal que se deja sobornar. El ingreso se da pese a tres filtros de seguridad que deben pasar los visitantes.

Los reos dicen que las riñas y balaceras son comunes en este centro penitenciario. Así sucedió el 24 de febrero último. Ese día, alrededor de las 16:00, hubo una balacera en uno de los pabellones. Dos resultaron heridos. Luego, en un operativo policial, se encontró en una de las celdas una subametralladora y un revólver calibre 38, celulares y balas de 38 y 9 milímetros. Los tres asesinatos y cinco fugas registradas desde el 2010 dan cuenta de esta violencia en El Rodeo.

Las riñas no cesan en cárceles como la situada en el recinto Bellavista, donde está el Centro de Rehabilitación Social de Santo Domingo de los Tsáchilas, que con 1.061 es el tercero con más reos del país.

Aquí se aplica el control más riguroso en los días de visita de todas las siete cárceles a las que este Diario ingresó. Hay tres filtros de seguridad. Por cada uno hay revisión manual; se pasa por detectores de metales y se anotan los nombres y el parentesco que se tiene con el recluido.

En el primero a cargo de policías, no se permite ni el ingreso de pasadores de los zapatos.

Los reos están distribuidos en pabellones de mínima; mediana y de máxima seguridad. En la página web del Ministerio de Justicia se cita a esta prisión como una de las modelos del llamado nuevo sistema penitenciario por su infraestructura.

Las medidas de seguridad, dicen los reos, aumentaron desde que hubo cambio de directiva, de guías y del sistema de control hace ocho meses. No obstante, hay reos que tienen celulares.

Incluso tras la reestructuración, que incluyó la construcción de dos pabellones, se dio un tiroteo en septiembre pasado. Después vino la requisa de drogas y celulares.

La última ocurrió el 27 de febrero pasado. Ahí una gresca en el pabellón de mediana seguridad dejó a tres reos heridos.

También se han suscitado muertes. Wilmer Chinin, alias el Gato, falleció a finales de enero por un paro cardiorespiratorio, producto de una intoxicación por drogas, justificó el Ministerio de Justicia, lo que evidencia el ingreso de sustancias ilícitas.

El número de reos que se han fugado de los centros de privación de libertad desde el 2010 asciende al menos a 45 en cárceles de diez ciudades. Esto sin contar a los últimos 18 que se fugaron de la cárcel de máxima seguridad llamada ‘La Roca’.