El rostro sonriente de Aída Quinatoa, presidenta de la Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España (Conadee), era esta mañana, a los pies del Congreso de los Diputados, en Madrid, el fiel reflejo de la victoria de una lucha que acumula cuatro años. La lucha para frenar la sangría de desahucios en el país europeo.

En 2008, cuando la entidad hizo públicas sus reivindicaciones, parecía imposible plantearle cara al sistema hipotecario. Hoy Europa les da la razón.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenció que la normativa española que regula las ejecuciones hipotecarias (desahucios) es contraria a la legislación comunitaria de protección de los consumidores.

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El fallo considera que el marco legal condena a la indefensión del propietario de la vivienda quien pierde el inmueble y es desalojado antes de que pueda emprender una acción por daños y perjuicios contra la entidad financiera.

Los jueces, en virtud de la Ley actual, no podían paralizar un desalojo invocando cláusulas abusivas en los créditos o en caso de considerar que la decisión del banco no está justificada. A partir de ahora, los fallos deberán aplicarse en los casos de ejecuciones hipotecarias en trámite o pendientes de dictar. Es una sentencia histórica.

"Hemos denunciado las anomalías del procedimiento hipotecario, pero hasta ahora las autoridades solo han protegido a las instituciones financieras. El paso que hemos dado respaldados por Europa es gigante. La presión ciudadana no puede relajarse. Hemos demostrado que la movilización funciona", advierte Quinatoa.

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Ada Colau, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), reconoce que del colectivo de extranjeros, el ecuatoriano es el más afectado por los desalojos.

No hay estadísticas oficiales por nacionalidades. Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), entre enero y septiembre de 2012, se ejecutaron 49.702 desalojos.

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La Embajada de Ecuador en Madrid cifra el número de afectados entre 8.000 y 15.000. Quinatoa eleva a 60.000 connacionales. "En una escritura pueden estar involucrados hasta seis personas, entre avalistas o copropietarios. Algunos se enteran que son dueños o garantes de un piso cuando el banco les exige el pago", apunta.

Heriberto Barahona no encuentra un empleo desde 2008. Hace cuatro meses que dejó de abonar la cuota de 1.400 euros. Sus ingresos mensuales, del trabajo de su esposa en labores de limpieza, no alcanza ni los 1.000 euros. "Los bancos se han aprovechado de nuestro desconocimiento. Claro que ha habido abusos por eso espero que la sentencia me beneficie", subraya esperanzado el ambateño.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, aseguró que el Gobierno asumirá "el compromiso de corregir aquellos aspectos que se consideren contrarios a la legislación europea". El Congreso tramita en estos días un decreto de Ley sobre desahucios, así como la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) apoyada por 1,4 millones de firmas que defiende la dación en pago retroactiva (entregar el inmueble y saldar la deuda), la paralización de todos los desalojos y la aprobación de alquileres sociales de todas las viviendas vacías en poder de los bancos. Se ampliará el plazo para introducir las enmiendas al texto; pero lo que no se va a hacer es "liquidar el sistema hipotecario", sostiene Alfonso Alonso, portavoz del Partido Popular.

Ayer, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, reiteró que la dación en pago generalizada o la suspensión de las ejecuciones hipotecarias "podría dañar sin remedio las garantías hipotecarias y el acceso futuro de todas las familias a los préstamos hipotecarios".

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En este sentido, Colau exhortó al Ejecutivo a que no haga una "interpretación restrictiva" de la sentencia. España está obligada a cumplir el dictamen. De lo contrario se expone a una sanción de la Comisión Europea que ya ha calificado el fallo de "extremadamente importante" porque "protege los derechos de los consumidores".