Estados de la OEA van por una décima reforma a la CIDH

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se adelantó a la reunión que mantendrán hoy en Guayaquil los países signatarios del Pacto de San José, anunciando que tiene listo el proyecto de reformas en el que defiende la aplicación de sus procedimientos y con el cual se comprometió a no poner en riesgo la defensa de los derechos de las personas.

Desde su creación, en 1959, las reglas que rigen la Comisión se han modificado por nueve ocasiones. El próximo 22 de marzo, en una asamblea extraordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA), se debe aprobar el décimo paquete de reformas, muchas de ellas impulsadas por el gobierno ecuatoriano, que mantiene una posición crítica sobre el organismo.

Pero, el viernes pasado, los miembros de la OEA valoraron la propuesta elaborada por la CIDH para su propia reforma y, con algunas excepciones, mostraron su disposición a adoptarla definitivamente.

Las reformas fueron planteadas desde el 2011 por un grupo de trabajo integrado por diez países, que sugieren cambios claves al funcionamiento de la CIDH, como la regulación del financiamiento de este organismo y de sus Relatorías (como la de Libertad de Expresión) y que se cambien los criterios de elaboración del Capítulo IV, donde se registran a los países en los que existen extremas violaciones a los derechos.

Ecuador, por ejemplo, pide que en la presentación de ese informe anual, conocido también como ‘lista negra’, se incluya el de la Relatoría de la Libertad de Expresión y que se escuchen los fundamentos de los estados antes de ser incluidos.

Otros cambios planteados por el grupo de trabajo consisten en incrementar los requisitos para conceder medidas cautelares. Pero el presidente de la CIDH, el mexicano José Jesús de Orozco, dijo el viernes que en materia de medidas cautelares el único cambio que se acogerá es que estas sean públicas. “El objetivo es promover la certeza jurídica, el vehículo del cambio será la publicación del fundamento jurídico en que la Comisión basa su decisión. Siempre ha existido una resolución motivada, la diferencia es que ahora esta será publicada”, dijo Orozco.

La última vez que se modificó esa figura fue en el 2009, cuando se propusieron nueve textos que permitían que la CIDH dicte, por iniciativa propia o a solicitud de parte, esta acción. Hoy, los estados proponen doce recomendaciones para que se establezcan “reglas más claras” en su adopción. Por ejemplo, que “en casos de extrema gravedad y urgencia en que se hayan solicitado sin requerir previamente información al Estado, revisar dichas medidas a la mayor brevedad posible en consulta con el Estado”.

Ecuador ha sido el principal proponente de estos cambios a raíz de que la Comisión dictó en febrero del 2012 medidas cautelares a los directivos de EL UNIVERSO, ante la demanda penal que siguió el presidente Rafael Correa por injurias.

No ha sido la única vez que la CIDH ha emitido esta acción para proteger a ciudadanos del Estado ecuatoriano. Lo ha hecho en otros 18 casos registrados entre 1999 y el 2007.

Elsie Monge, representante de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, asegura que otorgar estas medidas va en beneficio de aquellos que sienten amenazada su integridad, por lo que no se trata de una arrogación de funciones de la CIDH, como creen algunos países miembros de la OEA.

Esta activista considera que la Comisión, como cualquier otro organismo, no es perfecta y puede tener fallas. “Las reformas deberían ser de buena fe, no sangrar por la herida, porque a veces hay esa subjetividad”, dice Monge, quien señala que uno de los problemas de la instancia es la falta de agilidad en el despacho de los casos.

El tema del financiamiento es otra de las propuestas de cambio que plantean los estados, sobre todo aquellos agrupados en la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) o de la Alianza Bolivariana para los pueblos de América (ALBA). Pese a que reconocen que debe incrementarse la asignación presupuestaria, cuestionan que existan aportes privados para el funcionamiento de la CIDH, pero más aún de la Relatoría para la Libertad de Expresión, que es una de las ocho relatorías, creada en 1997, que busca su propio financiamiento, lo que a criterio de Ecuador le resta “independencia” en su accionar.

César Ricaurte, de la ONG Fundamedios, discrepa de este argumento. “Dejar sin financiamiento, sobre todo a la Relatoría de Libertad de Expresión, es dejarla moribunda”, dice.

Según el presidente Correa, el derecho a la libertad de expresión no está por encima de los demás derechos; pero para Ricaurte ese pensamiento no se asienta en la realidad, ya que la libertad de expresión es vital para la promoción y defensa de los demás derechos.

En el 2011, la Relatoría presentó su informe sobre la situación de la libertad de expresión en 25 países, entre ellos Ecuador.

En unas 20 páginas, la instancia recoge agresiones verbales o físicas que han afectado a periodistas, medios de comunicación y ciudadanos.

También se observó la utilización del Código Penal para sancionar a los comunicadores, así como la transmisión de cadenas nacionales en espacios informativos de los medios de comunicación, y el pronunciamiento de palabras peyorativas por parte del mandatario para criticar a sus opositores.

El informe de la Relatoría es el que incomoda al Gobierno. Su argumento lo describe a nivel del grupo de trabajo de la OEA cuando se relata que no se “halla equilibrado que en la CIDH exista una Relatoría Especial para la Libertad de Expresión”, pues creen que su informe invisibiliza otros derechos y genera “una percepción equivocada y sesgada sobre la situación de derechos humanos en el hemisferio”.

Ecuador será el anfitrión de la reunión informal de hoy de los 24 países adscritos a la Convención Americana de Derechos Humanos. A la par, en Washington, la CIDH inicia su periodo de audiencias para escuchar a las organizaciones de la sociedad civil. Mañana estarán Fundamedios, la Asociación de Editores de Periódicos y periodistas que darán a conocer la situación del derecho a la libre expresión en el 2012.

Ataques se intensifican

Los ataques a la libertad de prensa se han intensificado en países centroamericanos, México, Brasil, Argentina y Ecuador, señalaron informes de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) durante su reunión en la ciudad mexicana de Puebla.

Situación en Ecuador

En el país, según el informe, el gobierno está cambiando el modelo de regulación y relación con los medios. Se han impuesto nuevos requisitos para el trabajo de periodistas y se han emitido resoluciones que prohíben a los propietarios de medios realizar otras actividades económicas.