Reformas constitucionales marcan agenda para la próxima Asamblea

A casi tres meses de que la nueva Asamblea Nacional entre en funciones, el Ejecutivo empieza a marcarle su agenda.

El anuncio realizado el pasado miércoles por el presidente de la República, Rafael Correa, sobre la necesidad de hacer reformas a la Constitución ya genera debate y reacciones al interior de las organizaciones que estarán representadas en el Parlamento, donde el oficialista Alianza PAIS (AP) tendrá más de las dos terceras partes de sus miembros en el pleno, según los datos preliminares de las elecciones del domingo.

Correa dijo que entre los temas que podrían ser modificados están: la división de competencias en salud y en educación entre las municipalidades y el Gobierno central; la utilización de la acción de protección, por el “abuso” que –a juicio del jefe de Estado– ocurre en el empleo de esta figura legal, que incluso impide que los funcionarios públicos puedan cumplir con sus deberes; y la eliminación del candado constitucional que impide el ingreso de semillas y cultivos transgénicos (manipulados genéticamente) al país.

En el oficialismo no causó sorpresa la posibilidad de los cambios constitucionales, aunque existe cierta preocupación porque al menos en el tema de los transgénicos existen distintas posturas.

Según la Carta Política, para llevar adelante reformas existen varias alternativas que deben ser validadas por la Corte Constitucional.

En caso de que la enmienda no altere la estructura de la Constitución o que establezca restricciones a los derechos, el procedimiento será mediante referéndum solicitado por el presidente de la República o por la ciudadanía, con el respaldo de al menos el 8% del registro electoral. Sino, vía debate en la Asamblea, con el respaldo de al menos la tercera parte de sus miembros.

Cuando la reforma sea parcial y no suponga restricción de derechos podrá ser presentada por el presidente, la ciudadanía, con el apoyo del 1% del registro electoral, y por resolución de la mayoría de la Asamblea.

Esta iniciativa deberá posteriormente ser aceptada por la mayoría de la población en un referéndum.

La legisladora Rosana Alvarado (AP) reconoció que el tema de los transgénicos es delicado y que en la Constituyente de Montecristi ya generó una ardua discusión.

Precisó que la consulta popular puede ser un camino si así lo analiza la Asamblea. Con ese procedimiento, recordó, se llevaron adelante las reformas a la justicia.

Paco Velasco (AP) dijo que el marco jurídico del país, por las nuevas condiciones políticas, se debe adecuar a las necesidades de un Gobierno con mayoritario apoyo popular.

Pero en la oposición se cree que el anuncio de posibles cambios constitucionales tiene como objetivo incluir una disposición que permita la reelección indefinida y así la postulación de Correa para un nuevo mandato en el 2017. Esto, a pesar de que el mandatario, en más de una ocasión, ha descartado esa posibilidad.

Andrés Páez (CREO) opinó que sería una “ingenuidad” pensar que el auténtico plan de Correa es hacer cambios constitucionales en los temas antes señalados. A su juicio, el objetivo real es la disposición de la reelección indefinida, tal como se hizo en Venezuela con Hugo Chávez.

Agregó que si AP quiere cambios, que los haga en materias como fiscalización, que la Corte Constitucional ya no pueda interpretar la Carta Política.

Gilmar Gutiérrez, de Sociedad Patriótica, coincide en que la meta del oficialismo sería aprobar la reelección indefinida para que Correa siga.

Lourdes Tibán, de Pachakutik, reafirmó su oposición a hacer cambios al texto constitucional y dijo que este ni siquiera se lo aplicó en su totalidad.

Advirtió que en los próximos días se reunirán con los cinco legisladores que hasta el momento tendrían asegurado un escaño en el próximo periodo para analizar este anuncio presidencial.

Reacciones: Entre asambleístas
Paco Velasco
ALIANZA PAIS
“Va a existir un debate interno en AP y con toda la sociedad para llevar adelante las reformas”.

Lourdes Tibán
PACHAKUTIK
“No estoy de acuerdo con hacer reformas constitucionales por el capricho de un gobernante”.