En estos días comenzarán a llegar al país los llamados “observadores internacionales” de las próximas elecciones. Ellos se suponen que vienen para dar fe al mundo de que el acto electoral ha sido llevado con aparente transparencia y legalidad. Esta es una práctica relativamente nueva. Probablemente los primeros casos se dieron durante los procesos de consolidación democrática en Centroamérica durante los años ochenta a medida que las naciones de ese continente abandonaban los regímenes dictatoriales que las habían gobernado y abrazaban la institucionalidad republicana.

Hoy en día nadie cuestiona que la plena vigencia de las instituciones democráticas, en cada uno de los países, es un asunto que no solo interesa a sus ciudadanos sino a la comunidad internacional. El que los procesos electorales se lleven a cabo en igualdad de condiciones, bajo la tutela de autoridades independientes y libres de todo abuso, se ha ido convirtiendo en una obligación internacional de los estados, además de serlo en el ámbito interno.

El Estado ecuatoriano ha asumido obligaciones internacionales que inciden directamente en el funcionamiento de sus instituciones democráticas, incluyendo sus procesos electorales. El más importante de ellos es la llamada Carta de la Democracia, un instrumento internacional que obliga a los ecuatorianos a respetar, y que fue aprobada en el seno de la OEA.

No obstante su importancia dicho instrumento carece de mecanismos de control eficaces. Algo que no sucede, por ejemplo, para la protección de derechos humanos. Sin embargo, no deja de ser este un instrumento de gran relevancia y, sobre todo, de ser una obligación internacional.

Lamentablemente en nuestro país las normas y obligaciones relativas a los procesos electorales han sido rutinariamente violadas en los últimos años, y la Carta Democrática pisoteada. No hay mejor ejemplo que el actual proceso electoral. Bastaría con señalar el vergonzante hecho de que los miembros del organismo de control electoral no solo que fueron en su mayoría simpatizantes del Ejecutivo sino que se han seguido comportando como tales. Llegaron al extremo hasta de recibir órdenes públicas por parte del candidato del Estado que busca la reelección. No tuvieron ni el rubor de cuidar las formas y al menos aparentar imparcialidad e independencia.

Durante meses y meses el candidato del Estado ha gastado millones de dólares en publicidad con fondos de todos los ciudadanos, mientras que sus contendores no tuvieron ni de lejos la misma suerte. Hasta los dibujos animados de un candidato fueron vetados por dizque ser ofensivos. En fin, todo el Estado, sus recursos y autoridades, se han movilizado y han trabajado a favor de un solo candidato y lo han hecho desde hace varios meses en forma constante y coordinada. Y todo ello a vista y paciencia de las autoridades electorales Ciertamente que, con semejante panorama, los contendores del candidato del Estado merecen una medalla por su valentía.

Ya en la última elección los observadores internacionales alertaron sobre este fenómeno. Se dijo que se harían rectificaciones. Ellas jamás se hicieron. Para qué vienen, entonces, los observadores internacionales esta vez.