Plan contra trata no se ejecuta completamente

Han pasado casi nueve años desde que el Estado declaró como política prioritaria el combate a la trata de personas, el tráfico ilegal de migrantes, la explotación sexual y laboral, y otros modos de explotación y prostitución de mujeres, niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, los esfuerzos del Estado han quedado más en el papel que lo que ha llegado a darse en la realidad, opina Margarita Carranco, presidenta de la Fundación Nuestros Jóvenes (FNJ).

La también vocera de la Red Contra la Trata ¬que desde hace más de seis años agrupa a treinta organizaciones sociales en Quito¬ se refiere al plan nacional contra estos delitos: dice que no tiene recursos suficientes y que ha sido reformulado dos veces (2009 y 2010), desde que se aprobó en el 2006.

En el 2009 estuvo en manos del Ministerio de Gobierno, hoy del Interior; en el 2010 pasó al Ministerio de Justicia; en septiembre del 2011 regresó a la cartera del Interior, donde está liderado por la Subsecretaría de Garantías Democráticas.

Su principal es Diego Falconí. Aunque no da cifras, admite que el presupuesto que manejan para la ejecución no es muy alto en relación con las necesidades detectadas. Actualmente, el dinero para este plan se toma del presupuesto general destinado a la Subsecretaría.

En el documento, de 22 páginas, se trazan tres ejes: el de prevención y promoción de derechos; el de investigación y sanción; y el de protección y reparación de las víctimas. Hay una cuarta arista, la de coordinación interinstitucional, que se plantea como un paraguas.

Pese a la realidad económica, el funcionario considera que se ha logrado visibilizar el problema en el país. Afirma que en el 2012 los esfuerzos se centraron en apuntalar la coordinación interinstitucional e incentivar la prevención (realizando talleres, por ejemplo).

Entre diciembre del 2011 y enero del 2012, el Ministerio del Interior creó la Unidad Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, de alcance nacional. En el 2012 investigó 94 casos, rescató a 68 víctimas y apoyó para la sentencia de 5 personas. Cuenta con 24 policías especializados.

El fiscal de Santo Domingo de los Tsáchilas, Jorge Montero, señala que en su jurisdicción se conoce poco sobre el plan. Asegura que la propia institución capacita al personal y ofrece alternativas a las víctimas.

Pese a que uno de los ejes es precisamente la protección, Carranco aclara que es la sociedad civil la que ha tomado a su cargo, con apoyo del Estado, los centros de acogida para las víctimas. Sobre este tema, Falconí cree que, a futuro, esa red debe estar en manos del Estado. Se preparara un proyecto que se espera aplicar en el 2014.

Según Carranco, el centro de protección de la FNJ es uno de los dos lugares que funcionan a nivel nacional como centros de acogida y que están apoyados por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). Recibe a 100 víctimas al año, entrega ayuda legal y psicológica. Se gastan unos $ 600 mil; el MIES entrega $ 300 mil.