Han pasado casi nueve años desde que el Estado declaró como política prioritaria el combate a la trata de personas, el tráfico ilegal de migrantes, la explotación sexual y laboral, y otros modos de explotación y prostitución de mujeres, niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, los esfuerzos del Estado han quedado más en el papel que lo que ha llegado a darse en la realidad, opina Margarita Carranco, presidenta de la Fundación Nuestros Jóvenes (FNJ).