La Asamblea aprobó la reforma tributaria propuesta por el Ejecutivo, gravando a los bancos de manera exclusiva. Los 200 millones de dólares o más que se recaudarán de los bancos financiarán parcialmente el incremento en gastos corrientes previsto para 2013.

Otras disposiciones de la ley, que corrigen ciertos excesos en los anticipos requeridos a los contribuyentes, mermarán los ingresos fiscales. El efecto neto sería inferior a los 200 millones de dólares.

La ley es inconveniente y nociva, al menos desde dos puntos de vista.

El primero, que al reducir drásticamente la utilidad de los bancos, afectará su crecimiento y por lo tanto la disponibilidad de crédito en la economía. Los pondrá en condiciones desfavorables frente a los bancos de los países vecinos, con los que la profundización ineludible de la economía mundial los obliga a competir.

Los bancos, para incrementar su patrimonio, no tienen otra opción que el aporte recurrente de sus actuales accionistas. Este gobierno prohibió que los grupos económicos no financieros inviertan en la banca. Con la caída en la rentabilidad bancaria, serán pocas las personas con capacidad de ahorro, como empleados bien remunerados y profesionales, que quieran comprar acciones de bancos.

Los actuales inversionistas de los bancos, como no pueden tener otros negocios, solo pueden reinvertir las utilidades que arrojen los propios bancos. A menores utilidades, menor crecimiento de la banca.

La justificación ante el público de esta reforma tributaria es el incremento del Bono de Desarrollo Humano.

La economía ya tiene demasiados subsidios. Por lo que si se quería aumentar este subsidio por considerárselo particularmente efectivo en reducir la pobreza y desigualdad, podría habérselo hecho reduciendo otros subsidios menos eficientes.

Por ejemplo, la gasolina. Este año consumiremos casi un mil millones de galones. Los ecuatorianos entenderíamos que es justo subir en 20 centavos el galón para financiar el aumento del bono. Sobre todo sabiendo que con ese aumento la gasolina seguiría enormemente subsidiada.

En cambio no sería tan fácil vender la idea del aumento de la gasolina para elevar los salarios de la administración pública, cuando ya son más altos que los similares en la economía privada, con la excepción de los salarios de los ministros en relación con los de los ejecutivos de las grandes empresas.

Pero la ley tiene un efecto aún más pernicioso. El Gobierno la justifica declarando que el ser humano prima sobre el capital.

No se trata de que el concepto esté equivocado. Toda cultura, su ordenamiento social, político y económico, tiene como objetivo el ser humano. Es solo que en el mundo contemporáneo se entiende que la acumulación capitalista está detrás de la prosperidad sin precedentes que vive la humanidad.

Con su anuncio el presidente estaría contradiciendo esta concepción y acogiendo otra, compartida por los marxistas y quienes piensan que la revolución industrial fue algo negativo.

De ahí el calificativo tan ríspido que Vargas Llosa endilgó al presidente Correa.

Si el Gobierno considera que para priorizar al ser humano debe gravar punitivamente a las sociedades de capital cuando sean rentables, no debe sorprenderle la renuencia de las sociedades de capital a invertir en el país.