Juez admitió pedido para que La Hora rectifique publicación

QUITO.- Por disposición judicial, el diario La Hora está obligado a rectificar la información publicada el pasado 10 de octubre bajo el título “2012: $ 71 millones en publicidad oficial”.

Así lo resolvió el juez 21º de lo Civil de Pichincha, Marco Albán, tras la audiencia efectuada la tarde de ayer, en la que los representantes del medio de comunicación y del Gobierno expresaron sus puntos de vista sobre la acción de protección planteada por los últimos.

En dicho artículo, el periódico registró que el Estado invirtió $ 71’139.441 en propaganda, que habría gastado entre enero y septiembre del 2012. Tales datos fueron proporcionados por la ONG Corporación Participación Ciudadana.

El subsecretario de la Administración Pública, Óscar Pico, planteó la acción legal alegando que el medio no publicó la réplica en el mismo espacio del artículo impugnado.

Por ello, afirmó el secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, se hizo el pedido de rectificación.

Pese a que el juez aceptó la acción constitucional, su resolución completa se conocerá en 48 horas (posiblemente el martes), que es el plazo que se fijó esa autoridad para notificar por escrito su decisión a través de casilleros judiciales.

Al existir una aceptación general de la acción, se entiende que fueron acogidos los cuatro pedidos del Gobierno.

El primero, que se declare que la empresa Editorial Minotauro S.A. y diario La Hora violentaron la Constitución; segundo, que se ordene la rectificación de la información, en espacios de similares características al utilizado en la nota periodística; tercero, que La Hora pida disculpas públicas al Gobierno y que dé garantías de que estos hechos no se volverán a repetir; finalmente, que como medidas cautelares se ordene al medio abstenerse de emitir información respecto del trámite del proceso hasta que este sea resuelto.

Este último punto, según Mera, no fue concedido por el juez, aunque solo “fue un deseo para que no haya una presión mediática ni de los medios de comunicación pública ni de los privados. Pero el juez no lo concedió y todos los medios podrán hablar libremente del tema”.

Tras conocerse la resolución del juez, Gerardo Aguirre, abogado de La Hora, anticipó que apelarán al fallo. Con ello, legalmente, su aplicación quedará en suspenso hasta que una sala de la Corte Provincial de Pichincha resuelva en última y definitiva instancia.

Según Aguirre, Participación Ciudadana “hizo un convenio para verificar la publicidad gubernamental; por tanto, la acción de protección no es el mecanismo adecuado para resolver este caso”.

A su juicio, la petición del Gobierno constituye “una censura” para la prensa. “El verdadero objetivo en el proceso es la verdad única: la oficial”, agregó el representante del diario.