Los certificados de Depósito de Rocafuerte Seguros, que debían garantizar el crédito de $ 800 mil que Cofiec dio al argentino Gastón Duzac nunca estuvieron en ese banco que pertenece a la Unidad de Gestión de Derecho Público (Ugedep). Por ello, fue desembolsado y luego transferido al exterior sin los respaldos legales necesarios.

Lo confirma la certificación enviada por el actual representante legal de Rocafuerte Seguros, Sebastián Romero López, a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea.

Romero explicó que la aseguradora “nunca endosó al banco Cofiec certificado de depósito alguno, ni entregó en garantía ningún bien a persona natural o jurídica alguna”. Para que esos documentos sirvan de garantía debieron estar endosados, pero “nunca estuvieron físicamente en posesión de banco Cofiec, pues han permanecido siempre bajo custodia del Banco Bolivariano”. Ahí –dijo– estuvieron al menos todo diciembre del 2011, cuando se otorgó el crédito.

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Días atrás –sin embargo– el expresidente ejecutivo del Cofiec, Antonio Buñay, entregó a la misma Comisión copias de dichos certificados endosados.

La inexistencia de las garantías fue uno de los temas que trató ayer la fiscal María Susana Rodríguez, en la audiencia de formulación de cargos contra dos exmiembros del directorio del Cofiec: Omar Unda y Roberto Sandoval.

A las 23:00 del lunes pasado, agentes de la Policía Judicial llegaron a los domicilios de ambos, los esposaron y los detuvieron para investigaciones.

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La audiencia empezó a las 09:00. El fiscal Galo Chiriboga acompañó a Rodríguez al menos una hora. La fiscal acusó a Unda y Sandoval de haber aprobado de manera virtual (correos electrónicos) la línea de crédito para Duzac, el 9 de diciembre, de no verificar si dicho crédito contaba con la documentación necesaria ni las garantías. Los acusó de incumplir el artículo 257 del Código Penal que se refiere a peculado.

Emiliano Donoso, abogado de Sandoval, consideró que el allanamiento de la casa y la audiencia eran ilegales, y recordó que el Código de Finanzas Públicas establece que los administradores de los bancos incautados gozan de fuero de Corte Provincial. Tras realizar consultas, la jueza Paulina Sarzosa le dio la razón y se inhibió de conocer la causa. Entonces hubo aplausos de los familiares de los acusados. A las 17:00 estaba prevista una nueva audiencia en la Corte Provincial.

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Chiriboga dijo que Buñay y el expresidente del Directorio del Cofiec, Germánico Maya, podrían ser llamados por autorizaciones de otros contratos.

Detalles: En el informe
Pedidos de investigación
En el informe de la Comisión de Fiscalización se pide a la Superintendencia de Bancos realizar una auditoría informática para determinar quiénes han obtenido correos electrónicos que fueron difundidos por algunos medios y se exhorta a la Fiscalía a que investigue quiénes proporcionaron los datos que estaban sujetos a sigilo y reserva bancaria.