Para cuando vengan los enviados internacionales a observar las próximas elecciones ya estarán consumados varios hechos que habrán afectado seriamente sus resultados. En la actualidad los procesos electorales no siempre sufren distorsiones el día en que el sufragio tiene lugar. Esas distorsiones generalmente se gestan semanas sino meses antes del día en que se vota. Aunque es probable que no ocurran ese día incidentes graves –al menos aquellos que sean detectables por los observadores– que empañen las votaciones, el acto electoral estará viciado por incidentes ocurridos mucho antes.

Comenzando por la composición del ente encargado de vigilar y garantizar la transparencia, imparcialidad y legalidad de las elecciones. Este es probablemente el mayor problema. El ente es dirigido por una persona que goza de la confianza política y personal de uno de los candidatos, concretamente del presidente candidato del que fue su ministro. Este ya de por sí es un problema sumamente serio. ¿Qué hubiese pasado, por poner solamente un ejemplo, si un ejecutivo de la entidad bancaria que dirigía otro de los candidatos y de la cual ha renunciado hubiese sido el encargado de liderar el ente electoral? ¿Hubiesen los ecuatorianos tenido confianza en su conducta? Se imaginan ustedes a la Comisión Federal de Elecciones de Estados Unidos dirigida por un exministro de Obama o un exejecutivo de las empresas de Romney.

Pero no solamente se trata de eso. El problema se agrava por las demostraciones evidentes de escasa o ninguna independencia que ha exhibido hasta ahora el ente electoral frente a las posiciones adoptadas por los actores políticos oficialistas. Esto ha provocado una seria desconfianza de la ciudadanía en su accionar reflejada en algunas encuestas.

Para cuando vengan los observadores nada podrán hacer frente a la grosera desproporción que existe entre el gasto electoral del candidato oficial y el permitido a sus contendores. ¿Cómo explicar que un candidato tenga a su disposición prácticamente 300 millones de dólares para gastar en publicidad que “directa o indirectamente” va a promoverlo, frente a los limitados recursos que la ley permite a los demás candidatos? El ente electoral podría poner fin a semejante distorsión. Bastaría una resolución suspendiendo toda, pero toda publicidad oficial hasta el día de las elecciones por atentar ello contra un elemental principio de igualdad. Al fin y al cabo, la ciudadanía sí puede vivir sin publicidad oficial por unos meses. Pero se sabe que el ente electoral jamás daría semejante paso.

Para cuando vengan los observadores internacionales los medios de comunicación independientes habrán estado amordazados por varias semanas gracias a una ley que les prohíbe publicar material que “directa o indirectamente” tenga como efecto favorecer o desfavorecer a alguno de los candidatos. Tremenda censura previa sobre los medios de comunicación no se registra en ningún país relativamente democrático. Y ello se hace con el silencio y complacencia de la entidad encargada precisamente de garantizar el mayor debate de ideas, opiniones y debates durante el proceso electoral.

En fin, ¿para que vendrán entonces los observadores?