Jaime Solórzano fue sentenciado por desacato, al ofender a funcionarios públicos
QUITO.- Después de casi tres años de juicio, Jaime Solórzano, exejecutivo de los casinos Invermun, fue sentenciado ayer a tres meses de prisión correccional y a pagar daños y perjuicios por desacato al ofender a un funcionario público.
La sentencia la dictó el Tribunal Noveno de Garantías Penales, en Quito, que preside Patricio Vaca.
El titular del Tribunal se acogió al artículo 231 del Código Penal que establece que: "El que con amenazas, injurias, amagos o violencias, ofendiere a cualquiera de los funcionarios públicos (.) cuando estos se hallen ejerciendo sus funciones, o por razón de tal ejercicio, será reprimido con prisión de quince días a tres meses y multa de 50 a 300 sucres".
"El mencionado artículo, sin embargo, contradice tratados internacionales de derechos humanos y la propia Constitución porque viola la libertad de expresión, ya que en derecho penal esa ofensa es desacato", comentó Santiago Guarderas, conocedor del tema legal.
Por esa contradicción esa norma ya no debería tener valor. En el caso de Solórzano, el Tribunal debió "eximir de responsabilidad al acusado porque las normas se contraponen", dijo Guarderas.
A través de una declaración juramentada, Solórzano afirmó que Invermun realizó el pago de coimas a varios funcionarios del Gobierno para que sus casinos siguieran operando.
Entre los involucrados estuvieron los hermanos Fernando y Vinicio Alvarado, secretarios de Comunicación y de la Administración Pública, respectivamente, así como el asambleísta Juan Carlos Cassinelli del movimiento oficial PAIS (AP) y el exintendente de Policía del Guayas, Julio César Quiñónez.
La sentencia, que obliga a pagar una indemnización, no fue clara en el monto. Vaca se limitó a decir que se les notificará al casillero de los abogados.
La sentencia incluyó la liberación "de manera inmediata" de Solórzano, quien estuvo detenido, pero retornaría a prisión una vez que se extienda la boleta.
Luego de la audiencia, Solórzano prefirió no rendir declaraciones y los hermanos Alvarado indicaron que no permitirán que personas que no puedan demostrar sus afirmaciones tras acusarlos dañen su honra.




