QUITO
.- El uso que se dará a la información ligada a los códigos IP (Protocolo de Internet) para navegación es la principal preocupación para ciertos gremios vinculados al tema.

Esto porque el reglamento para usuarios de telecomunicaciones, que rige desde el 20 de este mes, determina que los prestadores de servicios deben remitir esa información personal a la Superintendencia de Telecomunicaciones (Supertel), cuando la solicite, para investigar delitos informáticos.

Fernando Salinas, presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha, sugiere que se determinen mecanismos que garanticen el uso ético de esta información personal por parte de las entidades que la piden.

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Alfredo Velazco, representante de la Asociación de Usuarios Digitales, explica que el artículo debe realizar precisiones, pues un delincuente informático puede cometer un ilícito simplemente con conectarse a una red wi-fi contratada por otra persona.

Señala que se deben delimitar los alcances del artículo, lo cual refiere definir en qué ocasiones y bajo qué procedimientos hay que ejecutar esta normativa.

Velazco y Salinas coinciden en que el reglamento puede generar confusiones al momento de enfrentarse al derecho a la privacidad, que se garantiza en la Constitución, por lo que sugieren revisiones urgentes.

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Sobre este tema, la Supertel indicó ayer, en un comunicado, que "el Reglamento garantiza el correcto cumplimiento de los derechos de las ciudadanas y ciudadanos", que tienen que ver con "la privacidad en la utilización de datos personales por parte del prestador".

Además, sostiene que se garantiza el secreto e inviolabilidad de los contenidos de las comunicaciones y la prohibición de recibir llamadas con fines comerciales o proselitistas, sin previa autorización.

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Salinas señala que el uso de la información personal relacionada con los códigos IP es similar al empadronamiento de celulares. De esta forma se podría realizar un inventario de datos que ayudarían a frenar los delitos informáticos.

Sin embargo, explica, en manos inadecuadas se puede prestar para espionaje electrónico, como los sabotajes a sistemas informáticos de entidades públicas y privadas, robos de identidades, divulgación de pornografía infantil, fraudes financieros, estafas electrónicas, entre otros delitos.

La próxima semana se implementará una mesa de trabajo entre representantes de gremios de usuarios digitales y funcionarios de la Supertel, según Velazco.