Este es el inicio del primer estudio bio-psicosocial sobre las discapacidades en el Ecuador. Con la Misión Solidaria Manuela Espejo se busca dotar al país de una base científica sobre la cual delinear políticas de atención y prevención a este sector”.
Esta frase fue parte del discurso con el que el vicepresidente de la República, Lenin Moreno, daba inicio, el 29 de junio del 2009, al trabajo de la Misión Solidaria Manuela Espejo.
Previo a ello, el presidente Rafael Correa había declarado como política de Estado, en mayo del 2007, la atención y prevención de discapacidades. Delegó su ejecución al vicepresidente Moreno, quien es parapléjico desde 1998, a causa de un disparo en medio de un asalto.
La Misión Manuela Espejo implicó la firma de un convenio de cooperación con el Ministerio de Salud de Cuba, para tener el apoyo de los profesionales cubanos que, entre el 2001 y el 2003, habían realizado en su país un estudio científico parecido al que se buscaba implementar en Ecuador. El mismo estudio de Cuba ya se había ejecutado en Venezuela.
Así se formaron brigadas de cubanos y ecuatorianos, quienes recorrieron las 24 provincias del país entre julio del 2009 y noviembre del 2010. A la par de estos recorridos, la Vicepresidencia firmó convenios con catorce ministerios el 15 de noviembre del 2009 para atender a las personas con discapacidad que ya se iban identificando.
Se anunció el seguimiento médico de los casos, la entrega de viviendas, la dotación de las denominadas ayudas técnicas, la tramitación de cédulas con chip que indiquen las siglas PCD (persona con discapacidad) para facilitar el acceso a planes como el Bono de Desarrollo Humano, de $ 35 al mes, entre otros.
A casi tres años del inicio de la Misión Manuela Espejo, este Diario realizó visitas a un centenar de personas con discapacidad en nueve provincias. Estas registran los más altos índices de discapacidad o albergan la mayor cantidad de discapacitados por ser las más pobladas.
El recorrido dejó en evidencia un cumplimiento parcial de los ofrecimientos. Las principales falencias se observaron en un casi nulo seguimiento médico de los casos. El convenio firmado determina que el Ministerio de Salud debe llegar con brigadas médicas a las casas donde están los discapacitados.
La viceministra de Atención Integral de Salud de este Ministerio, Nilda Villacrés, reconoce que pueden existir inconvenientes en los seguimientos médicos. La funcionaria aclara que existe la obligación de que el personal de la cartera, que forma parte de los 23 Centros de Atención Integral Manuela Espejo (Caimes), realice una visita mensual a las personas con discapacidad severa.
De las 294.803 personas con discapacidad detectadas por la Misión Manuela Espejo, un total de 14.479 casos fueron considerados severos, según el estudio. Pero la visita médica programada se incumple, en algunos casos, según el recorrido realizado por este Diario.
La situación de las hermanas Rebeca y Martha Mejía, quienes viven en una casa de caña del sitio rural Cabuyal, en el cantón Santa Lucía (Guayas), evidencia este incumplimiento. Ambas tienen 92% de discapacidad física y mental, según el carné del Consejo Nacional de Discapacidades (Conadis) y no pueden movilizarse por sí mismas.
La cuñada de ellas, Teodora Aguilar, dice que paga $ 10 para trasladarlas al subcentro más cercano, ubicado en Santa Lucía, cada vez que se enferman. “Nos visitaron por primera vez en el 2010 y luego regresaron hace mes y medio a dejarnos una silla de ruedas y dos camas con colchones. En todo ese tiempo solo han venido esas dos veces”, asegura Aguilar.
Mientras que las visitas médicas a las personas con discapacidad que no fueron calificadas como casos severos por los brigadistas de la Misión Manuela Espejo, no se concretan porque todavía no están normadas, según Villacrés. Ella considera que cuatro visitas al año serían suficientes para personas con discapacidades menores.
El subsecretario de Proyectos de la Vicepresidencia, Álex Camacho, coincide con Villacrés en que en el proceso para reivindicar los derechos de las personas con discapacidad aún existen dificultades.
Otro problema se enfoca en el lento proceso de mejoramiento y entrega de nuevas casas, que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) se comprometió a ejecutar tras la firma de un convenio con la Vicepresidencia de la República.
En los recorridos realizados por este Diario, se detectaron casas sin acabados y sin servicios básicos. Mientras que otros familiares de personas con discapacidad tienen dificultades para acceder a este beneficio, debido a que no cumplen los requisitos como tener un terreno legalizado con escrituras.
Camacho justifica que, por una dificultad económica, las casas entregadas en el 2010 tuvieron características distintas a las construidas el año pasado.
El funcionario dice que, durante el 2010, cada una de las 2.500 casas entregadas tuvieron una extensión de 42 m², que se hicieron con un presupuesto de seis mil dólares. Pero admite que, por falta de fondos, en muchos casos no se lograron acabados como pintura, colocación de baldosas y puertas.
Para el 2011, este proyecto se reformuló, según Camacho, y se construyeron 1.900 casas de 36 m² con $ 6.200 de presupuesto. Ahora el Miduvi aporta con $ 5.000 como parte del bono de la vivienda; y la Vicepresidencia asigna $ 1.200 para obras de accesibilidad y adecuación.
El objetivo del programa de vivienda de la Misión es construir 15 mil casas para discapacitados hasta el 2014. De este total, se han edificado 4.363 y se espera que a finales del 2012 se entreguen seis mil, lo que no es ni la mitad de las casas consideradas como críticas por la Misión Manuela Espejo. En el estudio, 13.295 casas fueron calificadas como críticas.
Otro inconveniente se detecta en la entrega de cédulas con chip que incluyan la sigla PCD. En el estudio de la Misión Manuela Espejo se determinó que 45 mil personas con discapacidad requerían de una cédula de identidad, pero hasta el momento solo se han entregado 20 mil, según Camacho.
Edwin Loayza, subdirector general del Registro Civil, asegura que inconvenientes como el difícil acceso a las zonas donde viven las personas con discapacidad y el incumplimiento de requisitos han provocado que, de las 29 mil visitas a hogares realizadas por las brigadas de cedulación, se hayan entregado solo 17.293 cédulas, entre el 2010 y diciembre del 2011.
“No se puede cedular a todos porque no siempre cumplen con los requisitos. Hay errores de datos del usuario, personas que ya han fallecido. Usamos la línea base que nos da Manuela Espejo”, refiere el funcionario.
La tasa poblacional de personas con discapacidad que tiene el país también es un dato que aún se coteja entre las distintas instituciones. La Misión Manuela Espejo contabiliza 294.803 casos, lo que implica una tasa del 2,028% de la población nacional.
Esta cifra es menor a la que maneja el Conadis. Según esta institución, 334.976 personas contaban con el carné de discapacidad, hasta mayo pasado.
El vicepresidente del Conadis, Xavier Torres, refiere que ambas cifras son comparables y agrega que la diferencia responde a factores culturales, como el hecho de que hay personas que prefieren esconder a sus familiares con discapacidad. Y aspectos como el que los brigadistas de la Misión se concentraron en ubicar los casos que requieren atención estatal prioritaria.
“Considero que el porcentaje de discapacidad en el país está entre el 6 y 7%. Algún momento quisiéramos llegar a ese registro, pero al momento actual estamos hablando de que al menos 300 mil personas están registradas con algún tipo de discapacidad”, refiere Torres.
Su cálculo se asemeja a lo establecido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en el censo del 2010, cuando se determinó que el 5,64% de la población tenía algún tipo de discapacidad en el país. El INEC detalla que solamente se registraron los casos de discapacidad que fueron permanentes por más de un año.
129.634
Personas con discapacidad se encuentran en una situación económica deficiente, según los resultados del estudio realizado por la Misión Solidaria Manuela Espejo.
80.434
Personas con discapacidad tienen condiciones de salud precarias en el país. Mientras que 73.837 habitan en viviendas en condiciones críticas, según la Misión Manuela Espejo.
