A propósito de la participación de empresas vinculadas a Fabricio Correa y de la normativa para que las instituciones públicas no contraten con firmas de paraísos fiscales, el presidente Rafael Correa ha criticado la constitución irregular de compañías en el país, a pesar de que ha reconocido el marco legal ecuatoriano.

En junio del 2009 criticó a las “empresas de papel” en Panamá y señaló que a pesar de que su hermano no violó la letra de la ley, sí violó el espíritu de esta. En octubre de ese año dijo que pese a que había pedido a sus ministros mantener a Fabricio lejos de contrataciones del sector público, este logró entrar “a través de testaferros y empresas fantasmas”.

Respecto del caso Vialmesa, en la que un chofer prestó su nombre para constituir la compañía, Rafael Correa manifestó que la Contraloría puede revisar “lo que le dé la gana” y que, de ser necesario, intervenga.

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Para el penalista Ramiro García Falconí, en el caso de Vialmesa habría que investigar si no se cae en los delitos de falsedad de instrumento privado y peculado. Explicó que si la empresa presentó documentos en los que consta un “prestanombre” para firmar los contratos con la Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA), esos documentos podrían ser considerados falsos, lo que está tipificado en el Código Penal con prisión de dos a cinco años.

Para la firma de los contratos Vialmesa presentó documentos en los que constaba como uno de los socios Camilo Jalca Villegas, quien, según las declaraciones del gerente Luis Villavicencio, prestó su nombre a Pedro Mendoza para constituir la empresa porque este estaba impedido por su historial en la Central de Riesgos. Falconí señaló que también habría que analizar si hubo incumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública por subcontratar servicio de transporte en porcentaje superior al permitido (30%).