<a style="font-weight: bold;" target="_blank" href="http://www.eluniverso.com/data/recursos/documentos/hronuecuador.pdf">Borrador del reporte EUP sobre Ecuador</a>El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas difundió esta mañana en Ginebra el informe con las recomendaciones para el gobierno ecuatoriano. Son 67, dos más de las que anunció ayer la ministra de Justicia Johanna Pesántez.De estas, el Gobierno anuncia reparos a tres recomendaciones. En las restantes dice que ya las está implementando o en proceso. Pero no dice si las acoge o no.La primera recomendación, con reparos, planteaba que el Gobierno reforme la legislación de conformidad a los estándares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sobre este tema el gobierno señala que: "El estado ecuatoriano ha suscrito y ratificado la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (Pacto de San José) que establece el cumplimiento de las decisiones de la Corte Interamericana, la cual tiene la concesión de interpretar y aplicar las normas de la Convención, por esta razón no podemos aceptar la reforma de nuestro marco jurídico de conformidad con las normas de la Convención cuando es la Corte, no la Comisión la que tiene la competencia sobre este asunto".La segunda recomendación objetada es sobre el pedido de la ONU para que se elimine la criminalización de la opinión y se acepte la visita del relator para la libertad de expresión, a lo que el Ecuador respondió que en el país no hay leyes que criminalicen la opinión y que mantiene abierta la invitación para la visita de los relatores tanto de la OEA como de la ONU.No obstante, aún no se fijan las fechas para dichas visitas porque, según declaraciones del martes pasado del vicepresidente de la República Lenín Moreno, dependerá de la agenda de los relatores.La tercera, sobre establecer mecanismos claros para implementar el consentimiento previo libre e informado de los pueblos indígenas, el gobierno ecuatoriano respondió que la Constitución del 2008 establece la consulta como un derecho de todos los ecuatorianos y de manera en particular a las comunidades indígenas pueblos y nacionalidades como proceso de consulta previa, pero no el consentimiento.Sobre los cuestionamientos de 17 delegados del Consejo de la ONU en el tema de las restricciones a la libertad de expresión, el gobierno no anuncia acogerse a estas, y aclara que ya están en proceso de implementación o en vigencia y se sintetizan en el respeto a la libertad de expresión, el trabajo periodístico y la protección de los derechos de quienes ejercen la labor.En el informe difundido en la pagina web de las Naciones Unidas, el gobierno de Rafael Correa dice que ya está en marcha o ejecutada la eliminación de toda forma de difamación y la figura del desacato de la legislación ecuatoriana. No obstante esta figura aún consta en el Código penal vigente.Además, dice el régimen que respeta los derechos de la libertad de expresión, particularmente la libertad de prensa, en armonía a la legislación nacional y convenios internacionales.También, que protege los derechos de los periodistas y su libre asociación.El gobierno asegura que revisa la legislación existente (código de la democracia) y las nuevas propuestas legales como la Ley de Comunicación alineadas a estándares internacionales.