Veeduría pide garantizar no injerencia en la justicia

El primer informe de la veeduría internacional a la reforma judicial, coordinada por el magistrado español Baltasar Garzón, no solo encontró problemas recurrentes en este proceso que lleva a cabo el Consejo de la Judicatura Transitorio (CJT), sino que hace recomendaciones al Estado.

“Ecuador debe cumplir con compromisos internacionales constantes en diversos convenios, tratados u otros de carácter específico, tanto en lo relativo a la situación laboral como en el tratamiento a jueces, juezas y fiscales”, dice una de las conclusiones sobre el eje de Talento Humano intervenido por el CJT.

Sectores involucrados en el proceso de reestructuración de la justicia destacan las coincidencias entre las observaciones del informe de la veeduría y las críticas que hicieron en su momento, pero consideran que ese documento es extemporáneo.

Está pendiente una respuesta institucional del CJT a lo que dice la veeduría. El vocal Fernando Yávar adelantó, el miércoles pasado, que si existe una situación por corregir, el Consejo la analizará. No obstante, defendió el proceso de reestructuración ante las observaciones de Garzón y su grupo.

El presidente de la Federación Nacional de Abogados, Paulo Arrobo, y el representante de los empleados judiciales de Guayas, Lenin Pilalot, dicen que el informe les dio la razón. “Cuando empezó la evaluación a los judiciales (el 26 de noviembre del 2011) fue en la época previa a la Navidad. ¿Cómo puede pasar una prueba psicológica alguien que piensa que podría perder su puesto de trabajo por esa fecha?”, comenta Arrobo.

Arrobo cree que a causa de ese pedido de las Naciones Unidas, del que se desconocen los detalles, es que la veeduría recomienda a Ecuador que cumpla con los compromisos internacionales en torno a la situación laboral de los servidores judiciales.

Además de la recomendación que la veeduría le hace al Estado, a la Judicatura le sugiere: “Garantizar el respeto y no injerencia de otros poderes del Estado en la Función Judicial, aun en casos de conmoción pública o de personas calificadas como peligrosas (...)”.

El secretario del Colegio de Abogados del Guayas, Pedro Granja, asegura que en este punto la Judicatura queda debiendo. “Basta una orden del presidente de la República (Rafael Correa) para que los fiscales y jueces firmen de inmediato órdenes de prisión contra sus propios colegas”.

Hace una semana, en su enlace sabatino, Correa cuestionó a jueces de Pichincha que liberan a detenidos. Tres días después, el Consejo, al que la veeduría le pide independencia de otros poderes, informó que abrió expedientes contra los criticados por el Ejecutivo.

La veeduría también hace recomendaciones a las entidades que la crearon “por decisión del presidente Correa” (tal como consta en su informe): Consejo de Participación Ciudadana y Ministerio de Justicia.

Los observadores extranjeros solicitan “atender de forma prioritaria y urgente” las limitaciones económicas y logísticas de su equipo local de apoyo técnico, que los mantiene informados del proceso. Este grupo “quedó constituido” en marzo de este año. Para entonces ya había pasado la evaluación a los judiciales y terminado el concurso que integró la actual Corte Nacional de Justicia.

Otra sugerencia de la veeduría se dirige a la Fiscalía General y a la Defensoría Pública, para que establezcan “un sistema de coordinación y complementación de estrategias legales” junto con organizaciones de derechos humanos, grupos de protección (mujeres, niños y otros) y las universidades.

A la Asamblea le recomienda la elaboración y aprobación de un proyecto de ley de cooperación y coordinación entre justicia indígena y ordinaria.

Propone que el proyecto del Código Penal Integral (que está en discusión), así como la tipificación de la responsabilidad penal de personas jurídicas y los delitos de lesa humanidad sean compatibles con los instrumentos internacionales de derechos humanos, en armonía con la Constitución.

También recomienda la creación de una ley de víctimas y una reforma constitucional en lo referente al plazo de duración de la detención provisional para posibilitar la investigación mínima que garantice el suministro de elementos probatorios al fiscal y con ello el juez pueda “tomar una decisión con solvencia”.

El primer informe de los veedores se enfocó en el eje de Talento Humano. Allí identificó seis fortalezas sobre la evaluación del personal judicial y encontró al menos 16 problemas recurrentes, entre ellos: falta experiencia en la formulación de las pruebas psicométricas, con algunos errores técnicos; así como falta de experiencia en los evaluadores.

Hubo inconsistencia en la formulación del banco de preguntas teóricas, así como la indebida apreciación en los parámetros de productividad.

Sobre las puntuaciones de experiencia dice que se privilegió los títulos de posgrados de los últimos cinco años y no los títulos terminales (de abogado).

En cuanto a la prueba psicológica, señala que no debería ser un parámetro vinculante y que si se demuestra alguna deficiencia, esta debería ser acreditada con un examen adicional que permita, incluso, tener una segunda opinión profesional.

Uno de los reclamos de los judiciales que el CJT pasó por alto fue la imposición de una doble sanción por falta disciplinaria del judicial.

El informe recomienda no volver a juzgar un antecedente disciplinario. Este punto de la evaluación establecía bajar cinco puntos, con un máximo de diez, por cada sanción registrada en los últimos cinco años. Pilalot cree que si se hubiesen tomado en cuenta esta y otras recomendaciones, hoy no serían tantos los funcionarios que deberían dejar sus puestos. El CJT anunció que 839 no pasaron.

Problemas en Fiscalía

La veeduría internacional advierte “un problema urgente en la Fiscalía General del Estado”. Señala que el personal de esta institución, al no contar con bandas de remuneración económica que homologuen los ingresos, prefiere dejar dichos puestos concursando para ingresar en las cortes y juzgados.

Según información del Consejo, un juez de primer nivel gana $ 3.960 mensuales; un juez de Tribunal de Garantías Penales percibe $ 4.200 y uno de Corte Provincial, $ 4.700. En la Fiscalía, en cambio, los sueldos fluctúan entre $ 2.700 y $ 3.600 para quienes tienen más de 3 años.

Juzgados de la Niñez

El informe también advierte problemas en los juzgados de la Niñez y Adolescencia, por cuanto el Código Orgánico de la Función Judicial amplía sus competencias al volverlos competentes para conocer casos contemplados en el primer libro del Código Civil, referente a la familia; y el libro cuarto, relativo a donaciones, legados y herencias.

“Esta nueva carga de competencias agravará la situación, al propiciar dilaciones importantes”, dicen los veedores, quienes recomiendan al Consejo de la Judicatura que proponga una reforma legislativa para solucionar el problema.