La solicitud de consulta popular sobre el tema de la minería, que comuneros del cantón Girón presentaron a la delegación del Azuay del Consejo Nacional Electoral (CNE), el 2 de abril anterior, fue enviada por el ente electoral a la Corte Constitucional para que determine la constitucionalidad del pedido.

Christian Proaño, abogado de la Secretaría General del Consejo Nacional Electoral, comunicó por escrito a los dirigentes de los sistemas de agua comunitario de Girón las resoluciones que el pleno del CNE asumió el 30 de abril pasado.

Entre otros aspectos, en el comunicado se determina que el numeral 4 del artículo 61 de la Constitución de la República establece que los ecuatorianos gozan del derecho a “ser consultados”.

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También que el artículo 104, de la misma Carta, en concordancia con el artículo 195 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, y el Código de la Democracia dispone que los ecuatorianos tienen el derecho a ser consultados sobre cualquier ámbito, con el dictamen previo de la Corte Constitucional sobre la pregunta propuesta.

Además que el artículo 21 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social dispone que la consulta popular, por iniciativa ciudadana, podrá ser sobre cualquier asunto, excepto aspectos relativos a tributos, gasto público o a la organización político administrativa del país.

Finalmente, dispone que el secretario del CNE solicite a esa Corte un dictamen previo sobre la constitucionalidad de la pregunta: ¿Está usted de acuerdo que se realicen actividades mineras en los páramos y fuentes de agua del sistema hidrológico Kimsakocha?

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Si la respuesta es positiva, los solicitantes esperan que la delegación provincial del Consejo Electoral les entregue formularios para la recolección de firmas y la convocatoria a consulta popular.

Carlos Pérez Guartambel, asesor jurídico de las juntas de agua y comuneros de Girón, dijo que aguardan el pronunciamiento de la Corte, sin dejar de organizar la promoción de la consulta.