Una fina pared de madera separa dos aulas. Las voces de los profesores se mezclan. Una maestra imparte matemáticas. El otro, gramática. Contar de seis en seis y deletrear monosílabos, bisílabos...

Ambos enseñan en español. Los 21 niños de estas dos aulas, en su mayoría pertenecientes a la nacionalidad shuar –también hay mestizos–, responden en coro en el mismo idioma. Ocurre en el Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe (Cecib) Agustín Tsamarein de Tuntiak, una comunidad shuar situada en el cantón Centinela del Cóndor de la provincia de Zamora Chinchipe.

Esta escuela tiene 85 estudiantes y ocho profesores, de los que solo dos conocen el idioma shuar. Sin embargo, los educadores se las ingenian con manuales para enseñar en dos horas a la semana el idioma. “Si ni los profesores saben, cómo podemos garantizar qué (lo) enseñen. Se está perdiendo el idioma”, dice Margarita Pérez, directora de la escuela.

Ella argumenta que el aprendizaje del idioma, aunque está garantizado por el Estado, se cumple a medias, lo que dificulta la prevalencia del resto de derechos colectivos plasmados en la Carta Magna. En Tuntiak, que en shuar significa arcoíris, queda en evidencia lo que enfrentan varias nacionalidades y pueblos indígenas del país.

Este territorio, bautizado así porque un arcoíris se dibuja sobre la comunidad casi en cada atardecer, según sus habitantes, está rodeado de tierras concesionadas para la explotación minera. Por esto, Luis Chumapi, un shuar de 18 años, dice que tiene dificultades para cazar y pescar. “Nos falta territorio y la tala de árboles ha alejado a los animales”, asegura el joven.

Él es parte de la diáspora shuar, un pueblo que se ha dispersado en la Amazonía en busca de territorios para mantener su cosmovisión, que se resume en vivir en simbiosis con la naturaleza, según José Acacho, vicepresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

Así, decenas de shuar llegaron hace dos décadas a la zona bautizada como Tuntiak, que se extiende al pie del río Nangaritza. De ellos, solo los abuelos hablan el shuar con fluidez. El resto, niños y adultos, se expresa en español.

El vestuario tradicional como el itip, una falda de algodón pintada con tintes naturales que utilizan los hombres, y el tarach, una túnica sujetada en un hombro y ceñida a la cintura por un cordón que llevan las mujeres, solo se usan para ceremonias o demostraciones a turistas.

Los quichuas, un pueblo que también se ha dispersado en la Amazonía, afrontan los mismos problemas para conservar el uso de su idioma ancestral. Esto pese a que el shuar junto al kichwa y el castellano “son idiomas oficiales de relación intercultural”, según el art. 2 de la Constitución vigente desde el 20 de octubre del 2008. Al final de este articulado, se establece que “el Estado respetará y estimulará su conservación y uso”.

Dirigentes entrevistados por este Diario coinciden en que ese y otros derechos colectivos otorgados a las nacionalidades y pueblos indígenas en el art. 57 de la Carta Magna, se incumplen en la práctica por la falta de efectividad de las políticas estatales. Ello quedó en evidencia en los recorridos que tres equipos de este Diario realizaron por comunidades de nacionalidades y pueblos indígenas asentadas en la Costa, Sierra y Oriente del país. Esto por el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo que se recuerda mañana, una fecha establecida por la Unesco.

Los centros educativos comunitarios interculturales bilingües (Cecibs) se crearon tras el decreto ejecutivo del 15 de noviembre de 1988 durante el gobierno de Rodrigo Borja. Hasta el 2010, en el país había 2.197 escuelas de este tipo en las que se educaban 119.424 estudiantes, según la página web del Ministerio Coordinador de Patrimonio Cultural.

La mayoría de los estudiantes pertenece a las 14 nacionalidades reconocidas por la Conaie, aunque también van afroecuatorianos y mestizos. Pese a que se crearon para garantizar la conservación de los idiomas ancestrales, hay problemas para cumplir con ese objetivo.

La falta de profesores que conozcan los idiomas ancestrales se repite en las comunidades de los pueblos quichuas de Quisapincha (Tungurahua) y Puruhá (Chimborazo). Raúl Quishpe, director del Cecib General Rumiñahui, de la parroquia rural Quisapincha, del cantón Ambato (Tungurahua), afirma que como algunos profesores no conocen el quichua, se saltan los capítulos que implican la enseñanza en ese idioma.

La falta de infraestructura también afecta a estas escuelas. En la escuela Pedro de Alvarado, de la comunidad Siguitag (Tungurahua), trabaja un maestro por cada dos grados. Su director, Iván Núñez, busca recursos en organizaciones no gubernamentales para adquirir equipos ante la falta de apoyo estatal, según dice.

En la Costa ocurre algo similar. La única escuela que hay en Pambilar, una comunidad de la nacionalidad awá (Esmeraldas), fue gestionada por federaciones y dirigentes indígenas.

Los cinco profesores awá de este Cecib, al que asisten 57 alumnos, obtuvieron su título de docente a través de la modalidad semipresencial, lo que ha dejado vacíos en el aprendizaje, según admiten algunos de ellos. Tampoco tienen libros acordes a su realidad cultural. Los textos que les han llegado son los mismos que se dan en la educación que se imparte en español. Pese a ello, estos maestros alternan sus clases en awapit –idioma de los awá– y en castellano.

Acacho considera que las políticas estatales para garantizar los derechos colectivos de las nacionalidades y pueblos y el carácter plurinacional del Estado, ambos principios establecidos en la Constitución, son casi nulas. Añade que en los cinco años del Gobierno, no ha visto la creación de un hospital o de una escuela del milenio intercultural. “No se está enseñando a los niños los saberes ancestrales”.

El dirigente plantea, como ejemplo, la entrega de uniformes estandarizados sin tomar en cuenta el vestuario tradicional de las nacionalidades. “Es el buen vivir como lo interpreta el Gobierno. No como debería ser para cada pueblo y nacionalidad, que tienen diversas costumbres”, agrega Acacho.

Ante una solicitud de entrevista de este Diario, el Departamento de Relaciones Públicas del Ministerio de Educación solo contestó, a través de un correo electrónico, que se entregan uniformes “con rasgos de identidad propios de su pueblo o nacionalidad”, además de textos en castellano y quichua.

De los 21 derechos colectivos otorgados por la Constitución a las nacionalidades y pueblos, nueve están vinculados con la territorialidad. En ellos se establece, entre otros principios, “la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias”.

También se determina el concepto de la consulta previa, “sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables”. Se indica, además, que “si no se obtuviese el consentimiento de la comunidad consultada, se procederá conforme a la Constitución y la ley”.

Dirigentes de la Conaie aseguran que este último enunciado dio paso a una consulta sin garantizar el consentimiento previo, lo que ha sustentado el avance de proyectos de explotación minera a gran escala en provincias como Zamora Chinchipe y Morona Santiago. Mientras que la minería ilegal afecta a los territorios adyacentes de la nacionalidad awá, en Esmeraldas.

A esto se suma el anuncio del actual Gobierno de retomar la decimaprimera ronda petrolera, lo que implica que la extracción de petróleo se extienda al centro-sur de la Amazonía.

Según un informe elaborado por Mario Melo, de la Fundación Pachamama, titulado ‘La nueva ronda de licitación petrolera y el derrumbe del paradigma constitucional’, esta ampliación de la frontera petrolera comprometería el 100% de los territorios de las nacionalidades achuar, andoa, zápara y shiwiar, y parte de las tierras de los quichuas (96,53%), shuar (70,45%) y huaorani (16,34%). “La nueva ronda petrolera afectaría un total de 2’927.513,37 hectáreas, lo que significa un 75,91% de los territorios indígenas”, establece el informe publicado en enero.

La comunidad quichua de Sarayacu, en Pastaza, consiguió evitar que avance esta exploración en su territorio. Lo hizo con una demanda planteada contra el Estado en el 2003 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Recién en abril el Estado aceptó su responsabilidad. Ahora se espera un fallo de la Corte Interamericana.

Sobre esto, el presidente Rafael Correa y otras autoridades coinciden en que el Estado tiene la última palabra al momento de explotar los recursos no renovables. Hasta el cierre de esta edición, ni el Ministerio de Educación ni la Secretaría de los Pueblos concretaban las entrevistas solicitadas por este Diario.