La pobreza y la falta de servicios marcan a las comunas rurales

Las paredes de cemento están sin enlucir y unas tablas cubren los espacios donde deben ir las ventanas, que dejan pasar el agua de lluvias. De medicinas hay antifebriles, antidiarréicos, antibióticos, antiparasitarios y materiales para suturar, curar heridas y picaduras. Dos balanzas, una camilla, un escritorio y tres sillas plásticas reciben a quienes tienen problemas de salud en Pambilar, una comunidad de indígenas awá de la zona selvática del cantón San Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas.

Es el único puesto de salud para las 56 familias (cada una con un promedio de cinco a ocho hijos), construido hace cinco años por esta comuna rural, a través de la Federación Awá y de organismos internacionales.

No hay médicos. Solo un promotor de salud que se capacitó a distancia, en San Lorenzo. Si se presenta alguna emergencia, la única salida es por el río, en canoas o en una lancha (donada por un político en años anteriores). El viaje hasta la comunidad más cercana dura seis horas.

Si el paciente no está en estado crítico, utiliza la única vía empedrada y con fango, por la que se camina más de tres horas (y en donde se cruzan dos ríos) hasta la carretera principal que va a San Lorenzo. Una vez en la ciudad, la mayoría de los awá prefieren pagar $ 5 por una consulta semiprivada porque los centros de salud “están llenos”.

La colaboración del Estado en este Gobierno, según representantes awá, ha sido la contratación del promotor de salud, que vive ahí mismo, y de cuatro más para otros centros de esta nacionalidad, que tiene en total 22 comunas en el norte del país (Esmeraldas, Imbabura y Carchi).

Esto pese a que el art. 3 de la Constitución, en donde se enumeran los deberes primordiales del Estado, se garantiza el goce de derechos como educación, salud, alimentación, seguridad social y el agua para sus habitantes. En el art. 32 de la sección séptima de la misma norma se reafirma que la vinculación de estos derechos sustentan el buen vivir. Y que dichas obligaciones se protegerán con políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales.

En la práctica estos enunciados se incumplen y con ello no se garantiza el desarrollo de la diversidad cultural (cuyo día se recuerda mañana), según habitantes de nacionalidades indígenas como los awá, chachis y shuar; y de pueblos, como afrodescendientes (Esmeraldas) y Quisapincha (Tungurahua).

La mayoría de estas comunidades rurales no tiene médicos y los pocos puestos de salud, así como otras obras (puentes, carreteras, agua entubada, pozos sépticos) fueron gestionados por sus representantes, con aportes de entes no gubernamentales locales y extranjeros.

Hay casos más críticos. En las zonas rurales altas de la Sierra, como en Quisapincha, en la provincia de Tungurahua, no hay ni centros de salud públicos.

La obra de un subcentro en Illahua Chico, que pretendía recibir a las comunidades quichuas de Quisapincha (Calhuasig Grande, Nueva Tondolique, Calhuasig Chico e Illahua Grande), quedó abandonada en el 2006. Ese año se terminó el dinero para el proyecto que empezó el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (Codenpe).

La atención médica que hay en Illahua Chico es privada. Y la pública más cercana está en Ambato, cuentan dirigentes como Sebastián Chisag, expresidente de las 18 comunas del pueblo Quisapincha, quien añade que han pedido al Ministerio de Salud que les ayude a concretar esta obra. No han tenido éxito.

En parroquias rurales de la provincia de Chimborazo, en donde hay centros de salud, se carece de medicinas.

No son los únicos problemas que presentan las poblaciones rurales ¬y alejadas¬ de Esmeraldas, Chimborazo y Tungurahua, en donde se asientan las nacionalidades indígenas y pueblos. Están la falta de accesos a servicios básicos, como agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial y obras de vialidad.

Las cifras del Censo Nacional de Población y Vivienda del 2010, del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), también reflejan esa realidad.

Por ejemplo, en Esmeraldas, donde se concentra la mayor población de afrodescendientes del país, el cantón con menos atención en necesidades básicas es Eloy Alfaro.

Aquí solo el 2,1% de viviendas tiene servicios públicos, como luz eléctrica, agua, escusado y eliminación de basura por carro recolector. En las áreas rurales, como Timbiré, los recursos que les otorgan los gobiernos seccionales les alcanza para mejoras sencillas como paraderos peatonales, rampas para personas con discapacidad y el arreglo con piedra chispa y asfalto de una escasa área de las calles de la cabecera parroquial.

Así cuenta Lorena Valdez Caicedo, de 37 años, la secretaria-tesorera de la junta parroquial. En el 2010 les dieron $ 151.000 con gastos corrientes para la parroquia y sus cinco recintos, que alberga a unos 1.260 habitantes. Y en el 2011 les subieron $ 1.000. Es decir, $ 152.000 para las seis comunidades en total.

En la población rural de Siguitag Pucaucho, en Tungurahua, el presidente del canal de riego, Segundo Pujos, da gracias al trabajo que hizo hace 25 años Visión Mundial para darles agua entubada. Pero ahí carecen de revestimiento de canales de riego para evitar la pérdida de caudales, de alcantarillado sanitario (tienen pozos sépticos) y de cobertura telefónica.

En estas mismas comunas, el trabajo en la agricultura, avicultura y ganadería no es rentable. Hay familias que “con suerte” sacan $ 60 al mes si venden, por ejemplo, 200 libras de cacao seco. Lo mismo sucede con las aves. Por una gallina criolla les pagan entre $ 4 y $ 5. A eso le restan los $ 2 de pasajes para ir hasta las ciudades a ofertarlas.

En el caso de las nacionalidades como los chachis, la implementación de microempresas artesanales tampoco les ha dado resultado por falta de mercado, como les sucedió a los habitantes de La Ceiba, en Esmeraldas, quienes no tuvieron éxito con la mermelada de borojó.

Lo mismo sucede en la Sierra centro, en donde prefieren migrar a ciudades como Guayaquil y Quito, dicen sus dirigentes.

En agosto del 2010, la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana expuso, en el Plan Plurinacional para Eliminar la Discriminación Racial y la Exclusión étnica y Cultural, que uno de los propósitos de esta política era ejecutar “acciones afirmativas referidas al acceso igualitario al empleo digno y a los recursos financieros para la población económicamente activa de las nacionalidades y pueblos”.

Pero aquello aún no se garantizan estos derechos, insisten sus habitantes y representantes. En cambio, José Chalá, secretario de la Corporación de Desarrollo Afroecuatoriano (Codae), una entidad pública, afirma que desde las instancias del Gobierno sí se trabaja en “políticas públicas”, como la lucha contra el racismo; la “entrega de viviendas” (gestionadas por el Miduvi), y en la definición de la Ley de los derechos colectivos, que se tramita en la Asamblea.

Aunque el representante del Codae reconoce que falta “mucho por hacer”, destaca el decreto gestionado para que un porcentaje de los ciudadanos (de acuerdo con el número de la población de los censos) de las nacionalidades y pueblos trabajen en entes públicos y estatales. Pero eso aún no se efectiviza plenamente. Chalá, agrega, que están hablando con el Ministerio de Relaciones Laborales para implementar la normativa.