La actividad minera en el norte de la provincia de Esmeraldas se paralizó. Mineros artesanales aseguraron haber sido víctimas de represión militar. Para inutilizar maquinaria con la que trabajan, cientos de uniformados llegaron el pasado fin de semana a San Lorenzo y Eloy Alfaro, además de otros cantones del norte del país.

Ahora están desesperados. “No queremos salir a robar, no queremos ser nuevos integrantes de las bandas de delincuentes en el país, pero nos están llevando a eso. Somos más de 20.000 personas que no tenemos cómo alimentarnos porque el Gobierno nos ha quitado nuestra fuente de trabajo”, expresó Kiler Ortiz, minero de San Lorenzo que ayer denunció la acción en Esmeraldas.

El dirigente dijo que a lo largo de toda la zona de frontera se produjeron enfrentamientos entre comuneros y militares. “No estamos dispuestos a dejarnos quitar nuestras herramientas de trabajo. La gente ha estado en silencio por temor a que los metan presos”, apuntó.

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Cuando llegaron los militares, relata Ortiz, comenzó la pelea y salieron heridos dos comuneros. “A una mujer embarazada le echaron gas en la cara y los militares tuvieron que sacarla a San Lorenzo en helicóptero”, recordó el dirigente.

En el operativo, los militares incautaron cuatro dragas artesanales –cuyo paradero es incierto, según Ortiz– que eran utilizadas para extraer oro de los ríos del sector minero.

“Sobrevivimos en el campo con un gramito de oro que sacamos al día, el Gobierno nos ofreció darnos comida, pero eso solo ocurrió una vez, nos llevaron raciones dañadas: el arroz podrido, el fréjol con gorgojo (...). Nosotros defendemos nuestro derecho a alimentar a nuestras familias”, dijo.

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Según los dirigentes mineros, aún hay cientos de militares dispersos en la montaña en la zona de frontera, pero afirmaron estar preparados para repeler un nuevo intento de destruir maquinaria en la zona.

Ortiz contó que no serán sorprendidos ante una nueva incursión. Reveló que se filmó la intervención militar. “También tomamos fotos de los destrozos que hicieron, vamos a ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque no nos pueden tratar peor que a animales”, manifestó.

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En la parroquia Tobar Donoso (Carchi), las personas dedicadas a la minería ilegal ya estaban advertidas de que actuaban al margen de la ley, según el coronel Víctor Andrade, segundo jefe del Comando Operacional Nº 1 Norte.

Informó que la primera vez que hicieron operativos se levantaron datos de todas las maquinarias, especialmente los números de motores y chasis. “Se colocaron sellos de clausura. Sin embargo, ellos no hicieron caso, rompieron los sellos y volvieron a seguir operando. Dejó de ser infracción para convertirse en delito”, añadió.

Por eso, señaló, tuvieron que tomar medidas radicales como proceder a la inutilización de la maquinaria. Andrade dijo que las empresas mineras La Esperanza y La Bocana serían las que operaban de forma ilegal en el sector de Tobar Donoso.

Mientras, en Napo, donde se decomisaron 65 dragas, hay empresas que no disponen de la autorización respectiva. Víctor Hugo Baquero, jefe del Comando de Policía, anotó que en el operativo participaron 96 miembros del Grupo de Operaciones Especiales, más 600 militares y 28 fiscales, divididos en siete equipos en toda la zona de la ribera del río Napo.

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