Alberto Acosta: 'Chiriboga rompe el principio básico de Fiscalía, en Palo Azul'

Alberto Acosta critica la actuación de la Fiscalía en el pedido de archivo del caso Palo Azul. También se ratifica en que el tratamiento que ha dado el Gobierno al tema Petrobras apoya la tesis de trato discriminatorio se ha denunciado Oxy, que se trata en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).

Según la Comisión Especial que creó cuando fue ministro, ¿hubo fraude al declarar campo unificado a Palo Azul?
La Comisión concluyó que el Bloque 18 nunca fue comercial, pues apenas contaba con 5 millones de barriles y por tanto, debía ser revertido al Estado. Mientras que el campo Palo Azul, que se sumó al Bloque 18, diciendo que era unificado, tenía más de 100 millones de barriles de crudo liviano. Además, confirmó la información de Petroecuador y de la Comisión Anticorrupción de que no había campo unificado.

¿Hay pruebas de ello?
La Contraloría en el 2003 exigió a las contratistas perforar un pozo intermedio entre Palo Azul 1 (dentro del Bloque 18) y Palo Azul 2 (fuera del bloque). Pero estas incumplieron la disposición. Recién fue perforado en septiembre del 2006, produciendo 97% de agua. Esta es la prueba de que el campo no era compartido. Haber aceptado que sí lo era, podría configurar uno de los mayores fraudes geológicos de la historia.

¿Cómo se explica que el fiscal Washington Pesántez pidiera juicio por peculado, y la actual Fiscalía pida la nulidad?
El pedido de nulidad del fiscal (Galo) Chiriboga rompe el principio básico de la Fiscalía: defender los intereses del Estado y de la ciudadanía. Ahora la Fiscalía defiende a los presuntos implicados en un posible perjuicio millonario en contra del Estado. Pesántez reabrió el caso, cerrado por la fiscal Cecilia Armas en el 2005. Ella ahora aparece como fiscal subrogante. Pesántez consideró que había fraude técnico y que era irregular que se acepte un informe de Gaffney & Cline (que trabajaba para Petrobras) y que dijo que el campo era compartido.

¿Hay peligro de que el fallo del Ciadi sea contra Ecuador?
Aunque sectores vinculados a las transnacionales digan que los casos Occidental (Oxy) y Petrobras no son parecidos, Occidental ha reclamado por el trato discriminatorio. En el 2005 Petrobras matriz suscribe un acuerdo de transferencia de participación con Teikoku matriz sin autorización ministerial. Esto configura una de las causales de caducidad. Esa misma fue una causal contra Occidental que suscribió un acuerdo sin autorización ministerial. Quienes no actuaron de forma coherente deberán responder por la millonaria indemnización que podría obligar a pagar el Ciadi al país.

¿Por qué no se ordenó la caducidad? ¿Había un acuerdo Correa-Petrobras como decía Luis Jaramillo, de Petroecuador?
El presidente Rafael Correa deberá responder esa pregunta. Sería preocupante que se hubiera estado negociando con Petrobras mientras estaba abierto el proceso de caducidad contractual.

¿Cómo ve la indemnización de $ 217 millones a Petrobras?
Hablamos de unos 40 millones de barriles de petróleo liviano que obtuvieron las compañías del grupo Isaías y Petrobras. A un promedio de $ 40 el barril, supera los $ 1.500 millones. Ahora se les premiaría con “el vuelto” de $ 217 millones.

¿Debería Chiriboga excusarse por la relación con el caso?
Eso debió haber hecho desde el inicio de su gestión como fiscal. Él fue presidente de Petroecuador cuando se realizó la cesión de derechos; ministro de Minas, cuando se pidió la caducidad y se contrató a Gaffney & Cline. Adelantó criterios sobre que no había causal de caducidad cuando era ministro. Hay conflicto de intereses.