El reciente veredicto de culpabilidad a Charles Taylor, expresidente de Liberia, por parte de un tribunal internacional en La Haya es un saludable paso en la consolidación del sistema internacional de derechos humanos, así como un importante hito en el desarrollo del naciente derecho penal internacional. Es además un oportuno recordatorio a los jefes de Estado, dictadores o no, civiles o militares, de izquierda o de derecha, neoliberales o socialistas, que sus políticas y decisiones internas están siendo cada vez más sujetas al escrutinio del derecho internacional. Un recordatorio a esos dirigentes que se comportan arbitrariamente en sus países que la justicia internacional terminará por exigirle que rindan cuentas por sus actos, y no ante los tribunales nacionales que lamentablemente están casi siempre a su servicio como sastrerías propias sino ante instancias supranacionales, imparciales e independientes.

El caso de Taylor es también significativo porque demuestra lo irrelevante que es para el derecho internacional la popularidad que puede gozar en un momento determinado un líder político si sus acciones desde el poder se tornan incompatibles con estándares internacionales de conducta. Así como Fujimori, Chávez, Uribe y otros, Taylor llegó al poder por elecciones con un apoyo contundente. En su caso, el líder liberiano venció con el 75% del electorado, algo inédito en su país.

Nada de eso le sirvió a Taylor al momento de responder en La Haya por la violación del derecho internacional, y en particular del derecho internacional humanitario. Su política de colaborar con el grupo de rebeldes que buscaba derrocar al gobierno legítimo del vecino país de Sierra Leona lo hizo responsable, aunque lamentablemente solo en un grado indirecto, de las atrocidades que cometieron dichas fuerzas irregulares.

El tribunal que declaró a Taylor culpable en La Haya días atrás –la sentencia será dictada a fines de este mes– forma parte de aquellos tribunales que se crearon para no dejar en la impunidad a los responsables de los crímenes cometidos durante los conflictos de África y los Balcanes durante la década de los noventa. En el futuro será la Corte Penal Internacional la que se hará cargo de esta clase de procedimientos en el marco de una institucionalidad más elaborada. El Ecuador ha cedido jurisdicción a dicha instancia internacional con la ratificación del respectivo instrumento internacional.

La condena a Taylor no detendrá ciertamente la conflictividad en esa parte de África, a pesar que es una decisión saludable. Hay un largo camino por recorrer todavía. Los tremendos errores cometidos por la administración Clinton en materia de política exterior con respecto a África no son fáciles de enmendar. Esa ambigüedad de poner al África en lo alto de las prioridades de Washington, por una parte, pero, a la vez, no acompañar ese discurso con una participación activa creó un escenario de vacío que condujo a una suerte de abandono y eventualmente al desastre en Somalia, Ruanda y Sierra Leona, entre otros. La política de las apariencias de poder suele infligir profundos y duraderos daños en materia internacional.