QUITO
.- El presidente de la Asamblea, Fernando Cordero (AP), guardó silencio sobre la polémica generada por la remoción del director jurídico de esa institución, Juan Alvear, tras la audiencia realizada en la Corte Constitucional (CC), dentro de la demanda de inconstitucionalidad al artículo 203 del Código de la Democracia que restringe el trabajo de la prensa en procesos electorales.

Como principal de la Función Legislativa, Cordero no dio explicación sobre la salida de ese funcionario, pese a que no fue él quien expuso la posición oficial de la Asamblea respecto a la vigencia o no de esta norma.

El delegado de Cordero fue Pablo Vásquez, quien en su exposición -en la audiencia del pasado martes- dio la razón a la Unión Nacional de Periodistas (UNP) sobre la inconstitucionalidad de la restricción a la prensa durante los procesos electorales y dijo que la inclusión de esta normativa en un veto parcial constituye una extralimitación del Ejecutivo.

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Vásquez se mantiene en funciones, pero Alvear fue notificado con una acción de personal que le removió del cargo.

Este último funcionario acompañó a Cordero desde una parte de su gestión en la Asamblea Constituyente.

El pasado jueves, Alvear entregó su informe para liquidar sus responsabilidades administrativas y legales como representante jurídico de la institución legislativa.

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El presidente de la Asamblea nombró como encargado de esas funciones a Javier Encalada, quien se desempeñaba como funcionario de la Oficina Técnica Legislativa.

Este conflicto se produjo al término del plazo que tenía la Asamblea para legalizar la intervención de Vázquez ante la CC a fin de que el acta de la audiencia sea agregada al expediente de la demanda de inconstitucionalidad.

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Según el jurista Santiago Guarderas, abogado de la UNP, la exposición de Vásquez ratificó lo que el presidente de la Asamblea ya reconoció expresamente, con su firma, en la contestación a la demanda del presidente Rafael Correa, en el sentido de que se extralimitó en el veto al artículo 203 del Código de la Democracia.

En ese alegato jurídico, dijo, admitió que se incluyeron materias que no fueron contempladas en el proyecto que conoció la Asamblea, pues tal artículo estaba destinado solo a la regulación de la publicidad y propaganda en las entidades públicas. Con ello se violó tanto el artículo 138 de la Constitución vigente como la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

A juicio de Guarderas, la salida de Alvear sigue la política impuesta por el presidente Correa de confundir lo público con lo gubernamental y separar del cargo a todo aquel que sea honesto, competente y técnico al servicio de la sociedad y no del gobierno de turno.