El anuncio hecho por la Cancillería la semana pasada en el sentido de que están por reiniciarse las negociaciones comerciales con la Unión Europea (UE) tendientes a suscribir un acuerdo comercial con ella, tal como ya lo han hecho Colombia y Perú, es un anuncio de suma importancia. Las negociaciones llevaban suspendidas casi tres años. La propuesta europea inicial consistía en negociar un acuerdo conjuntamente con los países de la zona andina. Ni Venezuela ni Bolivia mostraron interés. En realidad sus economías tienen muy poco que perder sin un acuerdo comercial con la UE en vista del escaso flujo comercial que ellas tienen con ese mercado. Ecuador terminó por retirarse de las negociaciones aduciendo que su nuevo marco constitucional era incompatible con el modelo de convenio comercial que proponía la UE. Perú y Colombia continuaron las negociaciones y hoy han asegurado cada una un convenio comercial bastante ambicioso.

Que el Ecuador regrese a la mesa de negociaciones es una buena noticia a pesar que hayan pasado tres años. Cierto es que el espacio de negociación se ha visto reducido por los acuerdos alcanzados por Perú y Colombia. Estos acuerdos serán un referente inevitable para el que se estaría por negociar con Ecuador, pues, las ventajas que ambos países han obtenido difícilmente podrán ser superadas en nuestro convenio, y viceversa. Pero, en fin, el otro escenario –el quedarnos sin ningún acuerdo comercial– era probablemente peor para nuestra economía.

También ha llamado la atención el anuncio hecho por el canciller en el sentido que el país está abierto para negociar y suscribir con la UE un tratado de protección de inversiones. Estas negociaciones al parecer irían por cuerda separada pero paralelamente con el convenio comercial. Es una posición que no deja de sorprender. El Ecuador denunció más de una docena de tratados de protección de inversiones que tenía suscrito con varios países, incluyendo muchos europeos. El argumento fue entonces que dichos tratados estaban en colisión con la nueva Constitución que prohíbe al Estado celebrar tratados de ese género en los que los desacuerdos con los inversores sean resueltos por tribunales arbitrales que no funcionen dentro de América Latina.

Lejos de recurrir al camino de la renegociación de esos tratados internacionales, optamos por la solución igualmente legítima pero más traumática como fue la de denunciar dichos convenios. Al parecer la propuesta ecuatoriana sería la de acomodar las exigencias constitucionales con las aspiraciones europeas. El asunto no es tan difícil. Ya la Asamblea Nacional aprobó una ley que permite al Gobierno firmar contratos con empresas extranjeras que contemplen cláusulas por medio de las cuales las controversias relacionadas con esos contratos sean resueltas bajo una jurisdicción internacional o la de un país extranjero, ya sea arbitral u ordinaria, y en aplicación de leyes que no sean ecuatorianas. Con ellos hemos dado un enorme paso para la internacionalización de las relaciones del Estado con empresas extranjeras.

Estos anuncios de apertura económica deben ser bienvenidos ciertamente. Lo único que falta es que se concreten.