Probablemente no ha habido en la historia judicial del Ecuador, y probablemente del mundo, una querella criminal como la que acaba de concluir con el dichoso “perdón sin olvido”. Todos los expertos académicos –belgas, españoles, argentinos y norteamericanos– que este diario consultó sobre la mencionada querella criminal quedaban estupefactos cuando leían el expediente judicial. No encontraban ningún precedente en la jurisprudencia que de lejos se le acercara. ¿Cómo era posible que haya habido jueces capaces de escribir lo que escribieron, y de haber conducido un proceso en la forma en que lo condujeron?

Creemos que aquello es clave en este caso. No en el hecho de que un político haya querido obtener ochenta de millones de dólares a través de una querella; ni en el hecho de apostar a la toma de un medio de comunicación por imposibilidad de pago; o de simplemente quebrarlo económicamente; ni menos en la pretensión de mandar a la cárcel a sus directivos y a un columnista. Desde los albores de la humanidad han existido cosas como estas.

Al fin y al cabo la lista de políticos que han querido silenciar este diario, intimidar su línea editorial, encarcelar a sus periodistas y hasta eliminar a sus columnistas –como sucedió en la última dictadura militar– es una lista larga. Esos intentos comenzaron al poco tiempo de su fundación, y continuaron por las décadas posteriores. Intentos todos ellos que fracasaron, como fracasó el más reciente. En una sociedad de escasa tradición y cultura democrática como la nuestra estas aberraciones parecen hasta naturales.

Pero lo que sí causa asombro y hasta escándalo –y es lo que los juristas extranjeros no llegaban a comprender– es que haya habido jueces que plasmaron en sentencias una demanda propia de una Banana Republic. ¿Cómo fue posible que haya habido jueces que escriban que el Ecuador no está vinculado ni por los instrumentos internacionales del sistema interamericano de derechos humanos, ni por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Cómo se pudo condenar civilmente a una sociedad comercial por un delito que no podía cometer, y a unas personas por un escrito que no escribieron, y a un columnista por una opinión sobre un hecho público controversial? Y así por el estilo.

La respuesta está en nuestros juzgados y cortes que, con pocas excepciones, tienen más parecido con un círculo del Infierno de Dante que con un espacio creado para que impere la justicia. ¿En qué parte del mundo que no sea el Ecuador, por ejemplo, se acepta como normal que una de las partes en horas de la noche le entregue al juez la sentencia ya redactada en un pendrive y este se limite a firmarla?

El caso pasa ahora a la justicia internacional para anular el precedente y obtener la reparación de los daños causados. Y que luego el Estado sancione y repita contra los responsables de la infracción internacional. Se terminaron así pues los días felices en que la barbaridad jurídica campeaba.