Un informe de minoría elaborado por tres de los diez integrantes de la Comisión Ciudadana de Selección (CCS) de los nuevos vocales del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) revela que de 56 postulantes únicamente 7 cumplieron los requisitos de admisibilidad de méritos y oposición.

Manuel Troncoso, Oberliza Mina y Byron Males son los tres comisionados que elaboraron un documento en el que consta que 47 candidatos no cumplieron con las exigencias reglamentarias.

La mayoría no entregó los certificados de no adeudar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y no adjuntaron el certificado del Consejo Nacional Electoral (CNE) que acredite no haber sido directivo de una organización política en los últimos dos años y no haber postulado a un cargo de elección política.

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Sin embargo, siete de sus compañeros admitieron en una sesión plenaria del martes anterior a 34 candidatos, de los que según los comisionados de minoría, solo 7 deberían ser admitidos.

Al analizar el informe oficial que fue aprobado por la mayoría se admitió, por ejemplo, a Patricio Baca Mancheno (procurador síndico del Consejo Provincial de Pichincha), quien en su expediente consta un certificado de la Contraloría General que declara al concursante con una “predeterminación de responsabilidad civil culposa”.

Este aspirante es hermano de Carlos Baca Mancheno, funcionario del Ministerio de la Política y exdelegado del Ejecutivo en la CCS que eligió al actual CNE. Y también hermano de Pablo Baca Mancheno, abogado de la ministra de Desarrollo Social, Doris Soliz, en su juicio contra diario Hoy por una supuesta infracción electoral.

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También está Guillermo Orquera, quien adjunta un certificado de la Contraloría que lo encuentra con “predeterminación de responsabilidad civil culposa”. Los dos fueron admitidos al concurso por la Comisión, pese a que el reglamento exige en su literal m del artículo 13, declaración juramentada de haber ejercido con “probidad notoria el ejercicio laboral”.

Mina aseguró que sus colegas admitieron a los aspirantes sin haber entregado el certificado del CNE, pues “los ciudadanos adjuntaron certificados de los tribunales provinciales”, dijo.

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El ciudadano Xavier Díaz Altamirano no adjuntó ningún certificado del CNE, pero la Comisión lo admitió.

Entre otros ejemplos, el informe de los comisionados de minoría detalla que Jorge Valarezo no cumple con los diez años de ejercicio profesional como abogado, pues su matrícula la obtuvo el 31 de enero del 2010, “por lo que a la fecha de postulación (15 de enero) no obtuvo los diez años de experiencia profesional”.

La presidenta de esta Comisión, Vanesa Mejía, envió a este Diario una carta aclarando que de acuerdo a la ley tienen la facultad de consultar a cualquier organismo público la información que considere necesaria.

Bajo esa premisa admitió que algunos postulantes presentaron el certificado del CNE, de las delegaciones provinciales y para salvaguardar el derecho a concursar solicitaron al CNE el certificado de no haber sido candidatos políticos o directivos de partidos o movimientos para los 56 postulantes.

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Por esta medida, Mina discrepó y aseguró que “hay personas que no cumplieron con los requisitos de admisibilidad que exige la ley, y automáticamente no deberían ser admitidas, pero ellos hicieron una consulta al Consejo Electoral de la que no conocí, dándoles haciendo las cosas. Yo no tengo nada que esconder, yo quiero respuestas, pues aquí no se está respetando la Constitución”.

Esta comisionada pidió en la sesión de ese martes se dé lectura a su informe, pero sus colegas no dieron paso a su pedido, y se procedió a leer inmediatamente los nombres de los postulantes aceptados. En tanto que los motivos por los que se admitió a estos 34 aspirantes pese a los reclamos, se desconocen.

Detalles: Proceso de selección
Reacción de Mejía
En medio de críticas al concurso, la presidenta de la Comisión de Selección, Vanesa Mejía, aseguró que las acciones tomadas por esa Comisión buscan garantizar la mayor participación y transparencia.

Consejo de Participación
El vocal del CPC, David Rosero, indicó que el "reglamento es claro cuando establece la presentación de los certificados. En el caso del certificado del CNE, me preocupa que se haya hecho una consulta. En todo caso, esperaremos a ver si se puede tratar el tema en el pleno del Consejo”.