El presidente no respeta la Constitución y las leyes

Como ocurría en las dictaduras militares, la Constitución está vigente en cuanto no se oponga a los fines de la llamada “revolución ciudadana”. En la ceremonia en la que asumió la presidencia Correa se negó a jurar que en su ejercicio respetaría el orden constitucional, para luego, desconociéndolo, convocar a una consulta popular con el propósito de reemplazarlo mediante una Asamblea Constituyente a la que se le encargó expedir una nueva Carta Política. Al intentar el Congreso Nacional impedir que se consumara este atentado contra el estado de derecho, el Gobierno consiguió que el Tribunal Supremo Electoral destituyera a los 56 diputados que intentaban frenar el atropello; y cuando el Tribunal Constitucional se aprestaba a dejar sin efecto tamaño abuso de poder sus integrantes fueron cesados, primero mediante la acción violenta de un grupo de agitadores y luego con una írrita resolución de una mayoría que el Gobierno conformó en el Congreso con diputados suplentes. Ni siquiera el hecho de que el presidente cuente con una Constitución (2008) hecha a su medida, en la que se limitan las atribuciones del órgano legislativo y se amplían desmedidamente las suyas, ha servido para que someta su autoridad a la ley. Cada vez que le place ignora las normas constitucionales, las reforma mediante leyes y a estas con reglamentos, decretos ejecutivos, acuerdos ministeriales o simples resoluciones de organismos inferiores. Hace apenas unas semanas la Junta Bancaria reformó, de hecho, la Constitución en materia financiera mediante una simple resolución.

No existe división de poderes

No existe la división de poderes propia de la democracia ya que la Asamblea Nacional actúa como un órgano dependiente de la Función Ejecutiva, debido a la reducción de sus atribuciones y a que el Gobierno impone abusivamente sus decisiones a través de la mayoría que en ella ha conformado. No fiscaliza los actos del Gobierno, no investiga las denuncias de corrupción y no sanciona políticamente a quienes en ella incurren, ni siquiera en casos que provocan escándalo. Las numerosas leyes que ha aprobado, con alguna excepción, se han originado en la Presidencia de la República. Ellas suelen contener diversas materias, a pesar de la prohibición constitucional existente, y cuando el presidente ejerce su facultad de veto introduce inconstitucionalmente disposiciones que no constaban en el proyecto aprobado, con lo que, de hecho, legisla por su cuenta sin importar lo que resuelva la Asamblea Nacional. Mediante el uso malicioso de los proyectos de urgencia económica, categoría en la que el presidente incluye cualquier ley que sea de su interés, consigue que sean tramitados en treinta días, sin una adecuada discusión, o que entren en vigencia por el ministerio de la ley a fin de eludir el pronunciamiento del órgano legislativo. A través de este procedimiento se han hecho ocho reformas tributarias, se han aprobado leyes que contenían centenares de artículos y va a aprobarse la ley antimonopolio que discute la Asamblea Nacional, en la que se le otorga al Gobierno facultades ilimitadas para controlar las actividades privadas.

No son independientes la justicia y los órganos de control

Los órganos de justicia y de control no actúan con autonomía, especialmente los segundos –Procuraduría, Fiscalía, Superintendencias– y sus titulares se desempeñan como funcionarios dependientes del presidente de la República a los que convoca y da órdenes, a menudo públicamente. La Corte Constitucional autorizó la convocatoria a un referéndum, a pesar de que según la Carta Política, la reforma constitucional propuesta por el presidente debía ser hecha por una Asamblea Constituyente.

El presidente intervino directamente, o a través de sus ministros, en los juicios seguidos por la revuelta policial del 30 de septiembre. Llamó públicamente a que fuera enjuiciado el director del Hospital de la Policía en el que consiguió refugio, por haberse atrevido, en una entrevista de televisión, a contradecir la tesis oficial de que ese día se había secuestrado al presidente, intentado dar un golpe de Estado y matarlo. El referido oficial de policía había dicho a un periodista de CNN que el presidente no estuvo retenido y que los médicos atendieron sus dolencias luego de lo cual bien pudo abandonar la casa de salud, razones por las que le agradeció por los servicios prestados. Sin embargo, el presidente lo acusó de que le había impedido refugiarse en dicha casa de salud cuando era perseguido por una turba. Un fiscal y un juez atendieron solícitamente la disposición presidencial, el primero ordenó su prisión y lo condenó, sentencia dejada sin efecto por un tribunal superior al no encontrar pruebas concluyentes que incriminaran al policía César Carrión.

Más grave y perniciosa fue su ostentosa intervención en el juicio que, como ciudadano y no como presidente, ha seguido al Diario EL UNIVERSO, sus directivos y su editor, para obtener un beneficio económico personal que lo enriquecerá. A las audiencias judiciales concurrió acompañado de ministros y guardaespaldas, dio disposiciones al juez y al tribunal que conocían la causa, el recinto judicial fue acordonado por policías y militares y una claque de esbirros atacó física y verbalmente a los demandados y a sus abogados. A lo que sumó el uso de los medios de comunicación y propaganda del Estado para justificar su demanda y su intervención en el proceso judicial. Los jueces de carrera que conocían la causa fueron sustituidos por jueces transitorios que, sumariamente, condenaron a los acusados a tres años de prisión y a pagar la suma de 40 millones de dólares, por el daño moral que supuestamente habían causado al ciudadano Rafael Correa con un artículo publicado por el periodista Emilio Palacio en las páginas de aquel Diario. Años atrás, algo parecido sucedió con otra demanda por daño moral que el presidente planteó al Banco del Pichincha, en la que obtuvo una indemnización de 5 millones de dólares –en instancias superiores reducida primero a 300.000 y luego elevada a 600.000–, ordenada por un desconocido juez temporal que sorpresivamente reemplazó al juez titular.

Esta pérdida de independencia de la justicia y la intervención del presidente y de sus ministros en los procesos judiciales de interés del Gobierno o de sus personeros, van a empeorar en el futuro pues se apresta a poner bajo su autoridad a la Función Judicial. En el inconstitucional referéndum de mayo consiguió que se autorizara conformar un Consejo de la Judicatura transitorio, en reemplazo del establecido en la Constitución aprobada por los miembros de Alianza PAIS, ampliamente mayoritarios en la Asamblea Constituyente del 2008. Dicho órgano es presidido por un delegado del presidente Correa, experto en computación y ajeno a la disciplina jurídica, y sus tres integrantes son allegados suyos, a tal punto de que según lo ha registrado la prensa, los hace concurrir a su despacho para presidir sus deliberaciones. No ha llamado la atención que el órgano que reorganizará la justicia, y nombrará a magistrados y jueces de cortes, tribunales y juzgados, dependa de la autoridad presidencial, si se recuerda que en la campaña del referéndum, Correa confesó que se proponía “meter las manos en la justicia”.