Comunidad GLBTI exige una declaración de emergencia


QUITO.- "Me pusieron un letrero en la espalda que decía: Soy prostituta y quiero que me den", "Me colocaron dos alambres con electricidad en los testículos toda la noche para volver a ser hombre", "Cuando ingresé a la clínica me dieron una paliza y me dejaron sin comer una semana. Así dijeron me arrepentiría de volver a drogarme".

Esas son, entre muchas, las experiencias que cuentan jóvenes y adultos a los cuales sus familiares los ingresaron en clínicas de rehabilitación porque, supuestamente, tenían una 'enfermedad': lesbianismo, homosexualidad, drogadicción, alcoholismo, entre otras.

Una buena parte de las clínicas en las que fueron encerradas las víctimas, cuentan los afectados, decía que los "trastornos de conducta" que poseen sus pacientes únicamente pueden ser "curados" con dolor, maltrato o violaciones mezcladas con terapias individuales, grupales y hasta familiares.

Esas denuncias de violaciones de derechos contra homosexuales (gays), lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexo (comunidad GLBTI) sirvieron para que agrupaciones sociales exijan al Consep y al MSP información sobre la realidad de las clínicas privadas de rehabilitación en el país.

Cayetana Salao, de Artikulación Esporádika, señala que la impunidad en la que operan estos centros hace que existan altos índices de tortura, vejaciones y corrupción contra seres humanos que tienen una preferencia sexual distinta.

Por ello, asegura, la comunidad GLBTI considera que el Estado debe declarar en emergencia esta problemática. "Hasta ahora la estructura de justicia no ha podido declarar que en estos centros se realizan torturas contra mujeres lesbianas, hombres gay y personas trans. Nunca lo quieren decir o denunciar porque la estructura del Estado es profundamente homofóbica, misógina, lesbofóbica y transfóbica".