Aún no se termina el conteo de las evidencias encontradas en las 38 compraventas y viviendas allanadas ¬el 31 de enero pasado¬ dentro de una investigación en cinco provincias por lavado de activos en el Ecuador, pero hasta el momento están registradas 25 mil fundas con joyas prendadas que habrían sido valoradas por los negociantes en cerca de $ 25 millones. Al precio real del oro en el país, las propiedades incautadas podrían llegar a $ 40 millones.

Lenin Pérez, fiscal que investiga este caso, sostiene que dentro de la indagación “se ha comprobado técnicamente” que estas compraventas allanadas (18 en Esmeraldas y 10 en otras ciudades) generaban una rentabilidad mensual de $ 700 mil.

El descubrimiento de ese movimiento de grandes capitales, aparentemente salidos del narcotráfico, según autoridades, a través de las compraventas en Esmeraldas y en varias provincias dejan abierta la posibilidad de que en el país otras actividades económicas también podrían estar siendo utilizadas para el blanqueo de capitales (lavado de activos) ilegales.

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Ante este movimiento inusual de dinero, desde el 6 de mayo del 2011 intervinieron agentes tributarios y también analistas de la Unidad de Lavado de Activos (ULA) de la Policía. Durante la revisión y cotejamiento de las cuentas se evidenció que se movían grandes cantidades de dinero en cada una de las compraventas indagadas, pero a la par existía la declaración cero en cuanto al pago del impuesto a la renta.

Según el proceso, las empresas que respaldaban a estas casas de empeño habían sido legalmente constituidas en la Superintendencia de Compañías. En la mayoría de los casos, pese a que los locales funcionaban en ciudades como Esmeraldas, Quinindé, Atacames, Jipijapa o Ventanas, la compañía había sido conformada con un capital mínimo en Quito o Guayaquil.

Con el paso de los días las autoridades comenzaron a determinar que junto al lavado de activos que se presumía (existía la información de que esos dineros procedían de financistas colombianos que tendrían nexos con el narcotráfico) este movimiento de dinero y el no pago de los impuestos configuraba un enriquecimiento ilícito.

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En lo referente al origen del dinero en efectivo, el fiscal Pérez indica que aún se investiga si los dueños del dinero que llegaba a Ecuador es de propiedad de algún cartel de la droga de México o Colombia, de la guerrilla (de las FARC) o de los paramilitares del país vecino.

La usura es otro de los delitos que se indaga en este proceso. Según el agente investigador, pese a que los negocios allanados entregaban un contrato de compraventa o retroventa (lo cual es permitido por la ley) al momento de dejar la joya que hacía parecer legal la transacción, lo que realmente pasaba es que cobraban altos intereses por el préstamo de dinero; es decir, incurrían en la usura.

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Existen casos de préstamos en que los intereses iban desde el 7% hasta el 10% y el 20% mensual. Es decir, el interés que se cobraba cada año por un préstamo alcanzaba incluso el 120% o el 240%, cuando la cifra referencial del sistema financiero local tiene como tope máximo el 17% anual. Incluso si alguna persona accediera a un microcrédito minorista el interés anual sería del 30,50%.

Por ejemplo, Jorge Valladares cuenta que empeñó dos cadenas y un anillo de oro por $ 110 bajo el pago mensual de $ 12. El hombre hizo un contrato para tres meses por el cual debía pagar $ 66, o lo que es lo mismo 10% mensual. Al final la deuda total le ascendió a los $ 176.

Ante la dificultad de pago, Valladares, un hombre de 77 años, decidió no luchar más por sus joyas, las que estarían valoradas según el peso real del oro entre $ 350 y $ 400, dice.

Un agente policial comenta que al ser rematada la prenda dejada, comerciantes de nacionalidad colombiana se llevaban el oro, en joyas y en polvo, hasta su país. Ese traslado no se lo hacía utilizando los transportes o procesos de aduana legales, sino que para pasar la mayor parte del cargamento se aprovechaban de un sinnúmero de vías alternas (fluviales, terrestres de segundo orden, entre otras) que conectaban a la provincia de Esmeraldas con la frontera sur de Colombia.

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Inversionistas y refugiados
Para dar una apariencia de legalidad a su actividad, varios de los trece colombianos que todavía permanecen detenidos poseían visas de Ecuador como inversionistas. También se comprobó que otros portaban credenciales entregadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores con el estatus de refugiados y visas de turistas.

La red estaba tan bien organizada, dicen los investigadores, que dentro de los allanamientos realizados en Guayas se descubrió que la empresa de seguridad Monitor Cam monitoreaba (no se precisó desde dónde) 120 compraventas en el país, no todas de la misma red. En la oficina se halló un circuito cerrado contratado para vigilar los movimientos que se daban en locales de este tipo.

Por otra parte, en Quito se investiga a una supuesta ramificación de esta red que se dedicaba a ingresar dineros del narcotráfico venidos de Rusia. Lo que se conoce es que el cubano Liban Veloz recibía en su casa, ubicada en el norte de la capital, a sus compatriotas que llegaban al Ecuador desde la isla con $9.990 en efectivo, que es permitido ingresar sin realizar declaraciones de aduana.

Aparentemente Veloz viajaba personalmente o enviaba personas para que recluten gente en Cuba que acceda a venir al Ecuador trayendo el dinero, el que era invertido. Los seguimientos realizados por varias unidades policiales revelan que el dinero llega de Cuba debido a que se ha montado otra ruta de envío de droga hacia Europa. Esta consistiría en que la cocaína colombiana pasa por Ecuador, Panamá, La Habana y llega hasta Rusia. Al contrario funcionaría el pago por la mercancía enviada: Rusia, Panamá, Cuba, donde se estarían reclutando personas que traen dinero a Ecuador y Colombia.

Cuando fue detenido Veloz tenía en su poder $ 60 mil y 50 mil euros ($ 65 mil) en efectivo, dinero que no fue justificado, 1.000 gramos de cocaína, 990 gramos de marihuana, documentos bancarios, joyas, pasaportes y un arma de fuego.

Al momento también se analiza la forma en la que el extranjero entregaba el dinero a las empresas fachadas que introducían el efectivo ilícito al sistema financiero ecuatoriano.

En el proceso: Investigación
Detenidos
De las 30 personas que fueron detenidas en Esmeraldas dentro del cierre de Compraventas, solo 21 recibieron orden de prisión preventiva para investigaciones: 13 colombianos y 8 ecuatorianos.

Devolución
Desde el 1 de marzo próximo la Fiscalía iniciará la devolución de las alhajas.