Texto de la sentencia contra autores de El Gran Hermano

Juan Carlos Calderón

Esa es la condena que la jueza Quinta de lo Penal de Pichincha, María Mercedes Portilla, dio en contra de los periodistas. Los periodistas anunciaron que apelarán la sentencia.

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El noticiero del TC Televisión, canal incautado por el Estado, informó la noche del lunes, de forma anticipada sobre la sentencia, antes de que los abogados de los querellados sean notificados.

El medio televisivo informó que el mandatario recibiría dos millones de dólares. La sentencia, que tiene como fecha 6 de febrero, y está en la página web del CJT. En la mañana, la resolución carecía de la parte resolutiva, pero en la tarde ya constaba en el sitio web.

Alembert Vera, abogado de Rafael Correa, citado por el diario oficialista El Telégrafo en su versión online, confirmó la sentencia. De igual forma la agencia gubernamental de noticias, Andes.

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Apelación
Este martes, en rueda de prensa, ambos periodistas rechazaron la sentencia. Calderón consideró a la medida como una forma de castigar el trabajo periodístico. Indicó que el monto a pagar, dispuesto por la jueza, "es una cifra desproporcionada, absurda, irracional. Nosotros habremos visto 10.000 dólares, juntos", enfatizó.

Por su parte, Zurita señaló que "si cree que ganó un round, pues históricamente él ya perdió en sí esta carrera, es una pérdida histórica para él... de esto él no va a poder levantarse porque no va a poder esconder los libros ni quemarlos".

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El abogado Aguilar indicó que "la veeduría, para la jueza, no sirve sino los organismos de control, y como los organismos de control los controla el presidente...".

Aguilar señaló que les molesta mucho que, antes de que los abogados pudieran tener conocimiento de la sentencia, TC Televisión ya la había informado.

Correa solicitaba el pago de 10 millones de dólares, $ 5 millones a cada uno de los periodistas.

El libro detalla la investigación sobre los contratos de Fabricio Correa, hermano del Mandatario, con el Estado.

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Calderón indicó hoy que el presidente Correa no ha podido explicar hasta ahora qué pasó con esos contratos.