Exjefe de Seguridad de la primera dama es llamado a juicio

QUITO .- Por la realización de una práctica de tiro en el Centro de Operaciones Sectoriales (COS 2) de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) en Tena, Napo, el capitán Diego Peñaherrera Ortega está a punto de ser sentenciado a prisión por supuesto mal uso de bienes destinados a la defensa nacional.Peñaherrera, oficial de Infantería de la FAE y exjefe de Seguridad de la esposa del presidente Rafael Correa, Anne Malherbe, y de sus tres hijos, fue acusado por la Fiscalía de Napo de autor del delito de destrucción o inutilización de bienes destinados a la seguridad pública o la defensa nacional.El delito está tipificado con prisión de uno a tres años, según el inciso 1º del artículo 602 numeral 10 del Código Penal, y el proceso está en manos del Tribunal de Garantías Penales de Napo, integrado por los jueces Daniel Narváez, Marco Pazmiño y Danilo Iturralde, quienes en estos días deberán fijar fecha y hora para la audiencia oral de prueba y juzgamiento.El caso se maneja con hermetismo, tanto en la justicia como en las Fuerzas Armadas, por las funciones que desempeñó Peñaherrera de jefe de Seguridad de la esposa del mandatario. En la Fiscalía de Napo se ordenó un sigilo especial al expediente compuesto de 11 cuerpos y más de 1.100 fojas.Después de casi un año de investigaciones, por pedido del fiscal tres de Napo, Jorge Valdivieso, el juez segundo de Garantías Penales y de Tránsito de esta provincia, Max Bernal Ortiz, dictó auto de llamamiento a juicio a Peñaherrera y al sargento Galo Saltos de la Cruz, como autor y cómplice, respectivamente, del supuesto delito.De cuatro militares que inicialmente fueron procesados por el fiscal, la responsabilidad recayó en los dos uniformados contra quienes el juez emitió medidas cautelares, en agosto pasado, con la prohibición de salir del país y la obligatoriedad de presentarse cada quince días en el despacho del fiscal.El caso se inició sobre la base de un informe de la directora Regional 8 de la Contraloría General, Miriam Cañar, el 28 de enero del 2011, que estableció indicios de responsabilidad penal contra los uniformados, después de un examen especial que hiciera el organismo a la utilización de material bélico, del 1 de enero al 31 de marzo del 2010, en el recinto militar.Según el informe de la Contraloría, DAE-0055-2010, que consta en el proceso, las municiones no tenían que ser utilizadas en la práctica de tiro que Peñaherrera, como comandante del Grupo de Seguridad y Defensa del COS 2, ordenó en el polígono el 28 de enero, 4 y 5 de febrero del 2010.Dichas municiones fueron destinadas a la práctica de tiro, a través de la orden Operaciones Puma, suscrita por el general Alonso Espinosa, actual jefe de Estado Mayor de la FAE, para el 23 y 27 de noviembre del 2009, según el informe."Las municiones planificadas, programadas y autorizadas para ser utilizadas en noviembre del 2009 no podían ser consumidas en la práctica de tiro efectuadas el 28 de enero, 4 y 5 de febrero del 2010, por lo que estas prácticas se realizaron sin las debidas autorizaciones y sin la programación de actividades que constan en las regulaciones existentes", añade el informe.El 9 de febrero del 2010, el fiscal Valdivieso abrió la indagación previa Nº 076-2011-F3 y en agosto del mismo año acusó a Peñaherrera y a Saltos del presunto delito de destrucción o inutilización de bienes destinados a la defensa nacional, que contempla el capítulo de Delitos de Función de servidoras y servidores policiales y militares del Código Penal.Además de Peñaherrera y Saltos, fueron acusados en primera instancia el comandante del COS 2, coronel Luis Mancheno, y el mayor Ronald Montenegro. El primero fue sobreseído y el segundo tiene suspensión provisional de procedimiento.Según el dictamen fiscal, Peñaherrera fue el responsable de las prácticas de tiro sin autorización en un polígono improvisado con la participación de 10 oficiales, 77 aerotécnicos, 29 conscriptos y 5 familiares de los militares.Y que cada uniformado realizó 75 disparos con 7.975 municiones por $ 4.922,31.En declaraciones a la Fiscalía, Peñaherrera desestimó la acusación y señaló que la práctica de tiro se realizó para dar cumplimiento a la orden suspendida en el 2009 por la falta de polígono propio y malas condiciones climáticas. Además, que procedió a realizar las prácticas con la autorización verbal del comandante del COS 2.El abogado Juan Hernández, quien defendió a Peñaherrera hasta la semana pasada, denunció irregularidades y presión en el proceso. Dijo que ha interpuesto todos los recursos, entre ellos suspensión condicional del procedimiento, apelación, amparo de libertad, procedimiento abreviado, pero que únicamente no se ha tomado en cuenta para su defendido."No ha valido argumento alguno en defensa de los intereses del capitán, no sé si por presiones extraprocesales, que han motivado que prácticamente consigan el objetivo: llamarle a juicio".Y añadió: "No alcanzo a comprender cuál es la presión o qué es lo que persiguen del capitán, para que la Fiscalía no haya actuado con imparcialidad".Hernández abandonó la defensa de Peñaherrera la semana pasada "por razones personales" y asumió Stalin López, quien defendió al coronel de Policía César Carrión, acusado por el Gobierno de supuesto magnicidio y absuelto por la justicia.El fiscal provincial de Napo, Guillermo Moreno, hermano del vicepresidente Lenin Moreno, defendió la actuación del organismo y señaló que ha cumplido con el debido proceso tras el informe de la Contraloría.Según López, el juicio contra Peñaherrera es ilegal y expresó que existe un 'trasfondo' que está decidido a investigar."No explico otra forma, el capitán ha sido parte de la seguridad del círculo íntimo de la familia del presidente. Me ha dicho que su desenvolvimiento ha sido totalmente profesional, de respeto, consideración. De un momento a otro fue sacado de la escolta de seguridad y luego aparece este juicio penal".Añadió que está 'ansioso' por acudir a la audiencia oral de prueba y juzgamiento, prevista para estos días, en la que anticipó presentará varias pruebas para ver si el Tribunal Penal de Tena "es capaz de condenar".IniciosEn enero del 2007, el capitán Diego Peñaherrera fue designado al Grupo de Seguridad Presidencial. Durante los primeros dos meses fue parte del equipo de seguridad del vicepresidente Lenin Moreno. Luego fue nombrado jefe de Seguridad de la esposa del presidente Rafael Correa y de sus tres hijos, por un año seis meses.CambiosDe forma sorpresiva, en agosto del 2009, pasó al departamento de Operaciones Terrestres de la FAE, por dos meses, y luego trasladado al Centro de Operaciones Sectoriales de la FAE en Tena, Napo, sin que se respete la Ley de Personal de las FF.AA.

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