QUITO
.- El juicio que por peculado o mal manejo de fondos reservados se instauró hace 16 años en contra del exvicepresidente de la República, Alberto Dahik, quedó en cero, una vez que el presidente de la Primera Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Hernán Ulloa Parada, anuló ayer todas las acciones judiciales emprendidas por la anterior Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General.

A seis días de dejar el cargo de juez nacional, en su providencia dictada ayer, Ulloa sustentó su decisión en el hecho de que para iniciar el proceso penal contra Dahik Garzozi no se contó con la autorización de la Función Legislativa, tal como lo señalaban las disposiciones legales y constitucionales de aquel entonces.

Esta es una irregularidad y violación reiterativa e insubsanable de las disposiciones legales, constitucionales y de los tratados de Derechos Humanos, de la cual fue víctima Dahik Garzozi, según el juez, en una época en la que se aplicaba la "barbarie judicial".

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Ulloa declaró la nulidad del proceso de peculado, responsabilizando a los expresidentes de la Corte Suprema, que tramitaron la causa y que no remediaron la ilegalidad cometida. Ellos son: Miguel Macías Hurtado, Carlos Solórzano y Jaime Velasco. Así también, los exmagistrados de la misma Corte, Eduardo Brito y Víctor Almeida; y el exfiscal general, Fernando Casares.

La violación a la ley y a la Constitución, según Ulloa, se inició el 16 de agosto de 1995, cuando el expresidente de la entonces CSJ, Miguel Macías, dictó el auto cabeza del proceso por una denuncia de peculado planteada por los exdiputados del Partido Social Cristiano (PSC), Xavier Neira y Rafael Cuesta, sin antes pasar por el filtro del entonces Congreso Nacional.

Luego pasaron los otros dos presidentes de la Corte, que tampoco corrigieron la irregularidad procesal y contrariamente, Solórzano dictó la orden de prisión preventiva contra Dahik (16 de mayo de 1996), sobre la base del dictamen fiscal, emitido por Casares.

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Pronunciamiento que fue confirmado por la Primera Sala Penal de la CSJ, con los votos válidos de Eduardo Brito y Víctor Almeida.

Alberto Dahik, exvicepresidente de la República en el mandato de Sixto Durán-Ballén (1992-1995), regresó al país el pasado 22 de diciembre tras 16 años de exilio en Costa Rica y una vez que la Primera Sala Penal le sustituyó la orden de prisión preventiva por medidas cautelares para que se presente cada quince días ante el juez de la causa.

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La Fiscalía, el pasado 10 de enero, impugnó las pruebas presentadas por Dahik, por considerarlas ajenas a los actos antijurídicos, presuntamente cometidos por el procesado.

En esa ocasión, la Fiscalía solicitó al juez incluir el informe pericial técnico-contable a las cuentas bancarias abiertas a nombre de Gladys Merchán y Juan Mario Crespo, excolaboradores de Alberto Dahik, donde se conocieron beneficiarios naturales y jurídicos de distintas cantidades de dinero en dólares y francos franceses (cuando esta moneda aún tenía curso legal), destinados a sobresueldos a favor de servidores públicos, donaciones a privados y adquisición de bienes.

Estos pagos alcanzaron los 8.832 millones de sucres, 845 mil dólares y 12.000 francos franceses.

Para demostrar la existencia del delito, el fiscal general, Galo Chiriboga, pidió a la Primera Sala, además, que se tenga como prueba de la Fiscalía la certificación de la Superintendencia de Compañías de que las firmas SAID y AFAC, beneficiarias de los fondos reservados, que tenían como socio al exvicepresidente, resaltando que cuando este se posesionó en dicho cargo, en 1992, no presentó la declaración de bienes correspondiente a su condición de segundo mandatario.

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De Alberto Dahik, el presidente Rafael Correa ha dicho que es un "hombre honesto", que "no se robó un centavo"... Por ello, el 10 de agosto del 2010 pidió, sin éxito, su amnistía.

Correa, en agosto de 1992, fue designado por Dahik como el nuevo director administrativo financiero de la Unidad Ejecutora MEC-BID, adscrita al Ministerio de Educación.

El fallo a favor de Dahik provocó reacción del expresidente Abdalá Bucaram que demandó a través de su cuenta de Twitter un trato similar con su caso, por el cual se encuentra asilado en Panamá.

Cronología del caso

10 de julio de 1995
Congreso. Varios diputados inician el trámite legal para llamar a juicio político al vicepresidente Alberto Dahik.

20 de julio de 1995
Criterio. Fernando Casares, fiscal general, cree que hay suficientes elementos para procesarlo por propiciar la corrupción mediante el cohecho. Él negó tal delito.

16 de agosto de 1995
Querella. Diputados del PSC denuncian ante la CSJ que dos secretarios de Dahik depositaron dinero en cuentas privadas. Lo acusan de ilegal manejo de fondos estatales.

17 de agosto de 1995
Corte. El entonces presidente de la CSJ, Miguel Macías, ordena un juicio penal.

27 de agosto de 1995
Parlamento . El presidente del Congreso, Fabián Alarcón, llama a juicio político a Dahik.

30 de septiembre de 1995
Comparecencia. El segundo mandatario va al Legislativo y durante seis horas se defiende de las acusaciones.

6 de octubre de 1995
Censura. Luego de cinco días de debate, Dahik es declarado inocente en el Parlamento. Para censurarlo se requerían 52 votos, hubo 39.

11 de octubre de 1995
Prisión. El presidente de la CSJ, Carlos Solórzano, dicta orden de prisión contra él por supuesta malversación.

12 de octubre de 1995
Autoexilio. Alberto Dahik llega a Costa Rica y pide al Gobierno que le conceda el asilo por considerarse un "perseguido político".

Xavier Vivas
ABOGADO DE ALBERTO DAHIK
"Sabíamos que los jueces se podrían pronunciar en cualquier momento sobre una sentencia absolutoria, pero no pensábamos que era tan rápido. Es una grata noticia".