Durante el 2011 se registraron 150 casos de agresiones a periodistas y medios de comunicación, cifra similar a la del 2010, cuando hubo 151, según el monitoreo que efectúa la ONG Fundamedios, que se encarga de vigilar la vigencia de las libertades de expresión y prensa en el país.

Entre el 2008 y el 2011, esta ONG documenta 426 ataques.

De los 150 del año anterior, el 50,66% (76 casos) provinieron de funcionarios públicos; principalmente del presidente Rafael Correa (28), ministros de Estado (9), autoridades locales (8), viceministros o altos funcionarios (3), entre otros.

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Las formas más frecuentes de acoso fueron las decisiones fiscales, judiciales o administrativas arbitrarias. Se cuentan sentencias judiciales que afectan la libertad de expresión y el uso de la figura de desacato (irrespeto a la autoridad) para procesar penalmente a periodistas y empresas periodísticas.

Así, durante el 2011, Correa entabló demandas por injurias calumniosas en contra de los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, autores del libro ‘El Gran Hermano’, que da cuenta de los contratos millonarios de su hermano Fabricio Correa; y contra Emilio Palacio, exeditor de Opinión de EL UNIVERSO, los directivos de este Diario, y la compañía que edita el periódico.

Mientras que el director de diario Hoy, Jaime Mantilla, fue sentenciado a tres meses de prisión dentro del juicio por injurias que entabló el presidente del Banco Central y primo del presidente, Pedro Delgado. Luego, el funcionario “perdonó” al comunicador.

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Asimismo, el Gobierno presentó una denuncia contra la revista Vistazo ante el Tribunal Contencioso Electoral para que sea sancionada por la publicación de un editorial que, a su criterio, promovía el voto por el No en la consulta popular. fuera del periodo legal permitido. El organismo desechó el pedido.

En octubre pasado, un grupo de periodistas viajó a Washington para denunciar el acoso gubernamental ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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En la audiencia, los representantes gubernamentales insistieron en que en el país sí hay libertad de expresión; sin embargo, el régimen se rehusó a invitar a una misión de la CIDH para que constate la situación.

El periodista y catedrático Paúl Mena Erazo, coordinador del Foro de Periodistas del Ecuador (FOPE), señala que las cifras son preocupantes porque podrían generar procesos de censura en el ejercicio periodístico. “Si un periodista es agredido, hay un efecto silenciador en otros. Se sienten amenazados, inhibidos de hacer su trabajo normalmente por temor a ser descalificados”, refiere.

Mena dice que esta tendencia es peligrosa, sobre todo considerando que el 2012 es un año preelectoral. “El ciudadano tiene derecho a conocer lo que ocurre en la esfera pública. Si los periodistas no pueden ejercer su trabajo con libertad, el acceso a la información sobre los candidatos y sus propuestas será limitado”, indica.

SIP detectó amenazas

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La preparación de normas para ejercer control sobre el contenido de los medios; la apertura de más procesos judiciales en su contra; y el fortalecimiento de una sistemática campaña de desprestigio hacia periodistas detectó la misión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que visitó el país en julio pasado.

Temas en consulta popular

El Gobierno incluyó dos preguntas sobre la prensa. Así se dio paso a la prohibición de los dueños de los medios nacionales a tener negocios ajenos a esa actividad. Y se elevó a mandato popular la creación de un Consejo de Regulación de contenidos en los que se establezcan criterios de “responsabilidad ulterior”.