Pese a que el proceso de depuración en la Función Judicial aún no empieza, el gremio más importante de los servidores judiciales, representado en la Federación Nacional (Fenaje), se reunirá mañana en Quito para responder a la evaluación que ha planteado el Consejo de la Judicatura de Transición (CJT).

De acuerdo con un informe del programa de reestructuración de la Función Judicial, el organismo presidido por Paulo Rodríguez tiene previsto invertir un presupuesto de un poco más de $ 51 millones para evaluar el talento humano.

La Función Judicial, incluida la Fiscalía, cuenta con alrededor de 7.000 jueces, fiscales y funcionarios de todos los niveles, distribuidos en diferentes distritos del país.

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La preocupación y el descontento entre los judiciales, que gira en torno a una supuesta falta de transparencia en el proceso de evaluación a los funcionarios, reunirá a alrededor de 100 dirigentes, entre presidentes de las asociaciones de judiciales de las 24 provincias del país y los miembros del directorio.

La reunión fue convocada por Ángel Rubio Game, presidente del gremio nacional.

Otra de las preocupaciones de los judiciales tiene que ver con el proceso de homologación salarial anunciado por el Gobierno y el pago de horas extras por el trabajo que se ha venido realizando los días sábados de los últimos dos meses, en cumplimiento del decreto de movilización de la Función Judicial.

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Este último punto será analizado para buscar información sobre los rumores insistentes que circulan en los pasillos de los juzgados y las cortes, en el sentido de que el Ministerio de Finanzas no consignará recursos para pagar esos rubros ofrecidos.

La idea de la cita, según varios judiciales que prefirieron mantener sus nombres en reserva, es prepararse para exigir transparencia en el proceso, ya que han señalado que existen dudas por el hecho de que la gente nueva entra a la institución sin problemas, pero los antiguos funcionarios son sometidos a mucha presión.

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Ayer, el pleno del Consejo de la Judicatura de Transición (CJT) terminaba la depuración del reglamento en el que constará la definición de los parámetros de la evaluación para todos los servidores judiciales, que se aplicará a partir de la publicación del documento en el Registro Oficial.