Restricciones en zona expropiada de Chone

Juan Bosco Zambrano
CHONE, Manabí.- Un día después de la incursión de al menos 250 policías que desalojaron un predio del sitio El Jobo, en la comuna Río Grande del cantón Chone, fue abierto ayer el acceso a este lugar, aunque bajo estricto control de los uniformados, medida que genera el rechazo de los habitantes de la zona.

El operativo tenía la misión de hacer cumplir la orden de expropiación emitida por la jueza 11ª de lo Civil de Manabí, Betty Farías, a favor de la Secretaría Nacional del Agua (Senagua), en las tierras de Alfredo Zambrano Vera, donde la empresa china Tiesijú desde el mismo día de la incursión realiza el adecentamiento del terreno para construir el dique de una represa que es parte del Proyecto Propósito Múltiple Chone (Ppmch) y que evitará inundaciones en esa ciudad.

Hernán Burbano, delegado de la Defensora del Pueblo en Chone, acudió ayer al sitio de expropiación y constató "que las restricciones son bastantes hostiles por parte de la fuerza pública y ciertos funcionarios de Senagua".

Dijo que el paso a vehículos y personas es permitido, pero con dificultades. "Les piden identificaciones y esta situación mantienen un ambiente de zozobra e intranquilidad a los habitantes", comentó.

El funcionario se quejó de la falta de colaboración del personal a cargo de la obra para realizar su diligencia.

Señaló que Ovidio Loor, habitante de la zona y padre de Ronny Loor Manzaba, de 6 años, quien supuestamente continúa desaparecido desde el día de la incursión, le contó que la fuerza pública le impidió constatar si su hijo estaba entre los escombros de la cabaña donde dormía con su familia y que supuestamente fue derribada por maquinaria en el operativo.

Al respecto, aseguró que continuará con la investigación, aunque la Policía y autoridades provinciales negaron que exista algún extraviado.

Mientras, la noche del martes habitantes de Río Grande protagonizaron una caravana de vehículos por diferentes calles de Chone. Denunciaron que cuando se retiraban a sus domicilios en el sector Los Raidistas, policías les interrumpieron el paso, por lo que ellos se bajaron de los carros y se acostaron en la vía con el pretexto de quedarse durmiendo porque "ya no tenían casas ni tierras donde vivir". Unos cien policías especiales llegaron al lugar y después de diálogos los manifestantes comenzaron a retirarse del lugar escoltados por un patrullero de la fuerza pública.

Los pobladores insisten en que hubo violencia en la actuación policial y organizaciones como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y el Frente Ciudadano Montecristi Vive condenaron la acción. Mientras, las autoridades provinciales reiteraron que la acción fue pacífica y que no dejó heridos, ni desaparecidos.

Según Miguel Andrade Cedeño, quien hacía guardia durante la incursión, "la fuerza pública entró haciendo disparos al aire, lanzando gases lacrimógenos, insultándonos. Yo traté de poner resistencia y dispararon un arma cerca de mi oído, todavía tengo el zumbido de esa arma. A mí no me pegaron, pero sí a varios compañeros y compañeras que se encontraban en esos momentos", expresó.

Katherine Heredia aseguró que fue golpeada y vejada por policías. "No nos dejaron salir del lugar hasta las 19:00 (del martes) y se nos llevaron el celular a mí y a mi esposo", dijo.

En tanto, Elvis Suárez presidente de las Comunidades de Río Grande, aseguró que ha sido amenazado con ser apresado y que es seguido por un patrullero policial.