Sobre el proceso de elección del defensor del Pueblo pesa ya una impugnación ciudadana por supuestas irregularidades.

Hoy se inicia la etapa de impugnación y escrutinio público contra los diez aspirantes a esta autoridad, y el coordinador de la veeduría ciudadana de esta elección, Luis Medicis, presentó ayer una objeción contra el trabajo de la Comisión Ciudadana de Selección (CCS).

Según el veedor, esa comisión aprobó la resolución 003 en agosto pasado, en la que se acogen las reconsideraciones a los requisitos de las carpetas de vida de los concursantes, pese a que uno de ellos: Ramiro Rivadeneira, estaría incumpliendo con el requisito de tener diez años de ejercicio profesional.

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Su título de Jurisprudencia registra su inscripción en el Colegio de Abogados en julio del 2002. “Aquí hay una violación constitucional, pues para ser defensor del Pueblo se debe cumplir con diez años de ejercicio profesional”, dijo Medicis. Agregó que no está impugnando a los aspirantes, sino a la Comisión Ciudadana porque “ahí hay un delito de falsedad”.

La vicepresidenta de la CCS, Gabriela López, afirmó que acogieron la carpeta de Rivadeneira porque una resolución de la Corte Constitucional aprobada en el 2008 declara inconstitucional la exigencia de afiliarse a colegios profesionales. Además, “la Constitución del 2008 reconoce el derecho a la libre asociación, y es en base a esos criterios jurídicos que se determinó que los diez años de experiencia sean contados a partir de la fecha del título”.

El Comité Andino de los Derechos Humanos prevé impugnar la candidatura de Rivadeneira (tiene 95 puntos); de Ana Abril (88,75) y Carlos Poveda (87,5), porque mantienen contratos con el Estado.

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López reconoció la existencia de dichos contratos, pero sostuvo que la Comisión debatió ese tema y se concluyó que el reglamento de designación establece que “será prohibición cuando se mantengan contratos con el Estado en el área de construcción, porque eso demostraría conflicto de intereses; pero lo que estos postulantes mantienen, son contratos por servicios profesionales (consultorías) que no están prohibidos”.

En la elección de los vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE) hasta ayer en el Consejo de Participación Ciudadana no se habían presentado impugnaciones contra los veinte mejor candidatos a esta autoridad.