Unos 250 policías incursionaron ayer en El Jobo, en la comunidad Río Grande del cantón Chone y tomaron posesión de la zona para facilitar el ingreso de técnicos de la Secretaría Nacional del Agua (Senagua), donde a través de la empresa china Tiesijú prevén construir una represa en la zona.

Los uniformados tenían la misión de hacer cumplir la orden de expropiación emitida por la jueza 11ª de lo Civil de Manabí, Betty Farías, a favor de Senagua, en las tierras de Alfredo Zambrano Vera, explicó el jefe provincial de la Policía, Juan Carlos Barragán. En los predios, al momento de la incursión, 40 personas hacían guardia para evitar el ingreso.

La obra es parte del Proyecto Propósito Múltiple Chone (Ppmch) y comprende un sistema de alcantarillado para evitar inundaciones en esa ciudad. Desde julio del 2010 cuando fue adjudicada a la Tiesijú, tiene la resistencia de los habitantes de Río Grande porque implica dejar sus tierras.

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El operativo de desalojo se cumplió entre las 04:30 y las 06:00 de ayer y, según organizaciones y comuneros del sector, se registraron enfrentamientos que al parecer dejaron heridos graves, golpeados y un niño extraviado, todos habitantes de la zona. Estas aseveraciones no pudieron ser corroboradas por este Diario, pues desde el momento de la incursión hasta las 18:00 de ayer la Policía mantenía bloqueados los ocho accesos al sitio El Jobo. Nadie podía entrar ni salir del lugar.

El jefe policial admitió que utilizaron gas durante la incursión, pero negó que hubiera enfrentamientos.

En Portoviejo, la gobernadora de Manabí, Susana Dueñas, sostuvo que no hubo heridos, detenidos, ni desaparecidos e indicó que su versión coincide con el informe que emitió la Cruz Roja. A su vez, Barragán señaló que el desalojo se cumplió “sin que se dé ningún acto de violencia”. “No hubo la necesidad de utilizar material antimotines”, aclaró y precisó que participaron 250 policías, delegados de la Fiscalía, dos helicópteros y ambulancias.

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Por su parte, Zambrano aseguró que fue arrastrado, esposado con las manos hacia atrás, rociado con gas pimienta y liberado a eso de las 10:30.

Zambrano expresó que el dinero de la expropiación de sus tierras ($ 179.800), depositado en el Juzgado, sería retirado y depositado en la cuenta del presidente Rafael Correa.

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En sus últimos enlaces sabatinos, el mandatario había expresado la necesidad de ejecutar el proyecto. Incluso el Estado declaró la zona “de utilidad pública” para facilitar la expropiación y Correa había indicado que recurrirá a los militares si persiste la oposición.

Elvis Suárez, presidente de los comuneros, condenó la acción y dijo que sus hermanos campesinos están “retenidos o secuestrados por la Policía e incomunicados”. “Los únicos que pueden entrar o salir del lugar son los técnicos de Senagua, de Tiesijú y la Policía”, expresó.

Ovidio Loor, agricultor de Río Grande, contó que hacía guardia con su esposa y dos hijos, cuando se escucharon gritos y el sonido de maquinarias. “Salimos corriendo y a mi esposa, Mirella Manzaba, la empujaron los policías. Le pegaron y arrastraron. Ella tiene dos meses de embarazo y ahora está con principio de aborto”, afirmó.

En la tarde, Loor denunció la desaparición de su hijo Ronny, de 6 años. “Dios quiera que las maquinarias no lo hayan aplastado”, recalcó llorando.

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En tanto, Suárez rechazó la retención de Zambrano y, recalcó que Delia María Loor Cedeño también fue retenida por la Policía y luego liberada por los habitantes de Río Grande.

Orden de jueza
Ben Hur Rodríguez, subsecretario del Agua, dijo que lo único que hizo la Policía es actuar en derecho haciendo cumplir la orden de la jueza que dispuso la expropiación de las tierra de Zambrano Vera.

Dijo que se derribó la casa, varias plantaciones, pero que todo está inventariado. “Esos terrenos ahora pertenecen al Estado”, precisó tras indicar que este sector sigue con resguardo policial y se espera el ingreso militar para prevenir posibles inconvenientes.

El secretario nacional de la Senagua, Cristóbal Punina, indicó anoche, citando el reporte policial del coronel Wilmer Cuéllar, que no hubo violencia en el desalojo y acusó a las organizaciones ambientalistas y de Derechos Humanos que denunciaron la supuesta agresión, de difundir información falsa.

Más datos: Reacciones
Rechazo a desalojo
A través de un comunicado, el Frente Ciudadano Montecristi Vive condenó “la violenta actuación protagonizada por grupos especiales de la Policía Nacional “contra humildes y desarmados campesinos montubios de Río Grande (Chone)”.

Supuestas agresiones
El organismo aseguró que durante el desalojo policial hubo agresión contra “mujeres –varias de ellas gaseadas– y niños”. Afirmó que había un menor desaparecido.