La lucha comunitaria por evitar que grandes empresas mineras internacionales ingresen a explotar territorios en Azuay se registra desde hace una década con movilizaciones, caminatas y cierre de vías cada año.

Este 2011, frente al inicio de las renegociaciones de las empresas con el Estado en marzo pasado, la Unión de Sistemas de Agua (Unagua) convocó a una consulta comunitaria que se realizó el 2 de octubre en las parroquias Tarqui y Victoria del Portete. Esta acción motivó también un pronunciamiento, primero del prefecto de Azuay y luego del Concejo Cantonal.

Aunque representantes de estos tres organismos tienen igual objetivo de defender los territorios donde nacen fuentes hídricas y de oponerse a una explotación minera que afecte al ambiente, sus posiciones difieren y generan una confrontación entre grupos que lideran estas protestas y autoridades.

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En las parroquias Tarqui y Victoria del Portete, ubicadas a 12 y 20 km al occidente de Cuenca, y en la Molleturo, a 70 km al sur occidente de la urbe, el Gobierno central determinó como estratégicos dos proyectos mineros a gran escala.

A la empresa canadiense I Am Gold el Estado le adjudicó 8.000 ha en Quimsacocha (Tres Lagunas, en quichua), territorio que también alcanza a los cantones Girón y San Fernando. En Molleturo y Chaucha, el proyecto Río Blanco, con 5.700 ha, fue entregado a International Mineral Corporation.

Ambas concesiones se otorgaron en el 2002 para la extracción de oro, plata y cobre, pero la exploración cesó en el 2009 tras la expedición del mandato minero en este Gobierno.

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Después de eso, Unagua presentó ante la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad del mandato minero por considerar que en las dos zonas concesionadas existen bosques protectores donde nacen fuentes hídricas que abastecen a sus sistemas.

Carlos Pérez Guartambel, dirigente de Unagua, es uno de los 200 dirigentes comunitarios acusados de sabotaje a los servicios públicos el año anterior, en protesta contra la Ley Minera (vigente desde enero del 2009) y el mandato minero (decretado el 18 de abril del 2008), creados en el actual Gobierno, y que a su juicio no anula la exploración, sino que da plazo a las empresas que se dedican a esta actividad.

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En su enlace del 9 de octubre, el presidente Rafael Correa dijo que Pérez es un político fracasado y que manipuló la consulta comunitaria que realizó el 2 de octubre por Unagua.

En septiembre pasado, el prefecto azuayo, Paúl Carrasco, presentó una demanda de inconstitucionalidad de tres artículos de la Ley Minera. Adujo que al gobierno provincial le compete otorgar licencias ambientales, según el Código Orgánico de Organización Territorial, y cuestionó que el Ministerio del Ambiente asuma esa facultad.

Propuso un estudio de impacto ambiental, independiente a los realizados por la empresa municipal Etapa y las mineras, para determinar la factibilidad extractiva. Además felicitó al Concejo de Cuenca porque el pasado 2 de agosto publicó un manifiesto exigiendo respeto para determinar uso y ocupación del suelo y pidió una moratoria de la actividad minera en su territorio.

El alcalde Paúl Granda rechazó el apoyo del prefecto por considerarlo ‘oportunista’ y a dos días de la publicación del manifiesto se pronunció contra “algunos de sus artículos”, sin precisar cuáles.

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En sesión ordinaria del Concejo, el pasado 6 de octubre, sin constar en el orden del día, el alcalde pidió a los quince ediles reformar el contenido del manifiesto que esa noche debía entregarse como carta al presidente de la República y que aún no se le hace llegar.

Tras la reacción de varios concejales opuestos al pedido, incluso los de su propia bancada, Granda explicó que la decisión la tomó tras un diálogo con la ministra coordinadora de la Política, Doris Soliz. “El domingo (2 de octubre) recibí la llamada de la ministra solicitándome y expresándome su preocupación por la resolución del Concejo”, sostuvo.

Comentó que los ministros del Ambiente, Recursos No Renovables, Sectores Estratégicos, Interior y asambleístas de Azuay le pidieron definir en un estudio los datos sociales y técnicos para que se atienda la resolución.

Federico Auquilla, viceministro de Recursos no Renovables, insistió en que la responsabilidad de la actividad minera en el país es de esa cartera de Estado, de la del Ambiente y de la Secretaría Nacional del Agua. Con esto, dijo, el Concejo acepta su facultad para determinar uso y ocupación del suelo, pero no del subsuelo.

Calificó de ‘mentirosa’ la información de los dirigentes comunales que se oponen a los procesos de concesión en Río Blanco y Quimsacocha.

Insistió en que por su actividad conoce procesos de una minería a la que llamó responsable y reconoció que fue asesor de I Am Gold. “No tengo conflicto ético, tengo las manos limpias para estar en el cargo y no estoy a favor de nadie”, respondió al ser cuestionado por su relación con la minería.

Mientras, los resultados de la consulta comunitaria fueron entregados esta semana en la Defensoría del Pueblo, Concejo Cantonal, Consejo Provincial y ministerios de Recursos No Renovables y del Ambiente para su ejecución. “De no hacerlo caerían en desacato y las implicaciones son internacionales”, dijo Pérez. Agregó que la próxima semana los entregarán a la Secretaría de las Naciones Unidas, en Quito.

Detalles: Concesión
Áreas entregadas
En el 2002, el área de concesión para I Am Gold fue de 12 mil ha. Ahora tiene 8.200 y cuando empiece la explotación quedará con 5.000, el resto se devuelve al Estado.

Estará más de siete años
La mina se mantendría en Ecuador durante siete años y medio, en ese tiempo la producción anual sería de 202.000 onzas de oro, 1 millón onzas de plata y 9 millones de libras de cobre.