Proyecto de ley cambia y retira competencias a Policía

El 30 de septiembre, al recordar un año de la revuelta policial, el Gobierno envió a la Asamblea Nacional un voluminoso proyecto de Ley del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana (tres cuerpos) que busca incrementar los años de servicio de los policías, crear un servicio de investigación de apoyo a la Fiscalía y proteger a los funcionarios públicos y a sus familiares directos. Todos tienen como máxima autoridad al presidente de la República.

El documento, que fue calificado a trámite por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), el pasado 6 de octubre, aún no tiene fecha de discusión en la Comisión de Relaciones Internacionales y Seguridad, que preside el oficialista Fernando Bustamante.

El tema aún es poco conocido en los cuarteles y los pocos que saben de lo que se trata no están de acuerdo, sobre todo porque les resta competencias.

En las disposiciones transitorias de este Código se dispone que la Policía salga del control, protección y seguridad de los recursos naturales, medio ambiente, del patrimonio arqueológico, cultural y turístico en el plazo de un año luego de la aprobación del Código.

Esas funciones pasarán a las autoridades “competentes”.

Pero estos no son los únicos cambios. Competencias como el tránsito o la custodia de los exteriores de los centros de rehabilitación social, de entidades públicas y privadas también salen del control policial.

La Policía de Migración desaparece y se dispone que las autoridades ‘competentes’ asuman “el control migratorio administrativo con personal civil” y para ello tendrán un plazo de 180 días a partir de la aprobación de la ley.

La desaparición de estas unidades policiales, como se propone, ha generado malestar entre los uniformados, tanto en la tropa como en los oficiales.

Un sargento asignado a una entidad pública en Guayaquil, que pidió no revelar su nombre, reaccionó con sorpresa al enterarse del proyecto. Los alcances de la propuesta no están claros, dijo. En los cuarteles del Guayas, aseguró, no se ha socializado el tema.

Otros policías se han enterado del proyecto a través del internet. El Ministerio del Interior, la Policía Nacional y la propia Asamblea han colocado el documento en sus páginas web institucionales.

El encargado de entregar el proyecto en la Asamblea fue el ministro del Interior, José Serrano, quien manifestó que la aprobación de este Código Orgánico “será un paso clave y democrático para constituir integralmente un cuerpo de entidades que permita a los ecuatorianos retomar la confianza en la Policía Nacional”.

Acompañado de otros ministros del sector de seguridad y justicia, Serrano destacó que se “pasará de una Policía con doctrina militarizada a una Policía civil, armada y comunitaria”.

Mientras, Fernando Cordero, presidente de la Asamblea, dijo que “todos queremos que el 30-S quede atrás”, y agregó: “Es bueno escoger este día y dar carácter civil a un ente (la Policía Nacional) que por deformación quería parecerse a las Fuerzas Armadas”.

En gran parte de las 119 páginas del proyecto se recalca el enfoque preventivo, comunitario y de investigación que debe tener la Policía. Y aunque muy poco se menciona el uso progresivo de la fuerza, el legislador oficialista Gabriel Rivera, miembro de la mesa legislativa que tratará el tema, descarta que se vaya a desarmar a la Policía.

Según Rivera, el rol que se propone para la institución es apegado a estándares internacionales de lo que debe ser el servicio policial. “Este proyecto es muy completo, incluso hubo asesoría extranjera”.

Su visión contrasta con el criterio de asambleístas de oposición como Fausto Cobo (SP) y César Montúfar (CN), quienes observan un afán concentrador de poder en este proyecto.

“La Policía, el Servicio Civil de Investigación y el de protección a funcionarios públicos quedan en manos del presidente, lo que se busca es desarticular a la Policía”, dijo Montúfar.

Cobo cree que el Código es una consecuencia de la crisis que se vivió el 30 de septiembre del 2010, cuando hubo una insubordinación policial. Además refuta la tesis del Gobierno de que la intención es desmilitarizar la Policía, “cuando se mantienen los grados que son similares a los del Ejército”.

Así también lo cree Franklin Gallegos, presidente de la Asociación de Oficiales de la Policía Nacional en Servicio Pasivo de Guayaquil, quien además sostiene que se está ‘retaceando’ a la institución.

Para él, los cambios que se proponen en el Código consisten en que las áreas administrativas sean manejadas por civiles, pero que estos “se van a valer de la Policía, que sigue dando un soporte”.

A los policías retirados, dice Gallegos, les preocupa que “nos intenten dividir, ¿cuál es la razón?, ¿por qué no se hace lo mismo con las Fuerzas Armadas?”, se cuestiona.

Para el exministro de Gobierno Vladimiro Álvarez hay que descartar “el criterio equivocado (del régimen)” de que la Policía está estructurada bajo conceptos militares, cuando la formación de sus miembros ha sido diferente a la de las FF.AA.

Álvarez cree que aún quedan rastros de la sublevación policial de hace un año y por eso “se pretende dividirla”.

Considera que para lograr la seguridad ciudadana hace falta apuntalar “la prevención del delito, combatiendo sus causas sociales; la disuasión, que requiere la presencia policial en las calles; la represión, que consiste en la efectividad al momento de buscar y capturar al delincuente; la indagación, apoyada en parámetros técnicos y científicos; el juzgamiento, que debe ser imparcial, lo cual vemos que no existe; el sistema penitenciario, que debe fortalecerse; y por último, reformas penales y procesales”.

Gustavo Larrea, exministro de Gobierno del actual régimen, no cree que el Código propuesto haya surgido por los hechos del 30-S, “pero de ser así sería algo terrible”.

Larrea dice que a lo largo de la historia de Ecuador la idea siempre fue que exista una Policía de carácter civil, “pero que no sea para fines políticos”.

Y aunque la Constitución de Montecristi señala que “en el ejercicio de las funciones constitucionales de la Policía Nacional su actuar será bajo la conducción jurídica y mando político del Ministerio del Interior como ente rector de la seguridad ciudadana, protección interna, mantenimiento y control del orden público, y el presidente o presidenta de la República será su máxima autoridad jerárquica”, el exministro opina que hay un “afán centralista”.

El asambleísta Rivera no comparte las críticas, pero como integrante de la Comisión de Relaciones Internacionales y Seguridad se mostró abierto a escuchar las propuestas de todos los sectores, incluso ya ha hablado con policías. “La principal preocupación que tienen es su estabilidad laboral”, comenta.

El proyecto establece una evaluación general a los 60 días de su aprobación.

“La permanencia de los servidores policiales estará supeditada al resultado del proceso de evaluación. Quienes merezcan evaluación deficiente cesarán inmediatamente sin perjuicio de la devolución de aportes, pensiones y cesantía de ser el caso”, detalla la propuesta.

Textuales: Posiciones políticas
Gabriel Rivera
Asambleísta de Alianza PAIS
“Tratándose de un tema tan sensible tiene que ser bien socializado, no vaya a ser que desencadene en algo similar al 30-S”.

Vladimiro Álvarez
Exministro de Gobierno
“O se reconoce que existen instituciones con autonomía pero con vigilancia, o habrá una sola persona que mete la mano en todo”.

Gustavo Larrea
Exministro de Gobierno
“La Policía debe tener relación con el poder político, pero mantener su propia institucionalidad. Creo que esta visión es centralizar todo”.